Lunes 20.05.2013

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Activas las querellas por permisos

Vigilante la Oficina del Inspector General de Permisos al cumplimiento de la ley

Suministrada

La creación de la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGP) ha cambiado el conocido dicho de “mejor pedir perdón que permiso”, ya que dicha práctica ha representado el cierre de varios negocios y la imposición de multas que van desde los $25,000 hasta los $50,000 por violación.

La inspectora general de permisos, Jennifer Mayo, explicó que a poco menos de dos años de establecidos, ya han recibido en su agencia unas 2,306 querellas, donde la mayoría han sido radicadas por ciudadanos particulares, que aceptó son los principales ojos de la agencia. Explicó que aunque la prioridad de OIGP no es cerrar negocios, si violentan la ley o reinciden en sus violaciones, tienen que dar paso a su cierre en busca de seguridad, mejor convivencia y calidad de vida.

Al día de hoy, la mayoría de los cierres comerciales se han registrado en barras que se han establecido en áreas residenciales, talleres de hojalatería y pintura y negocios de reciclaje de metales, los cuales han encontrado operando sin los debidos permisos. No obstante, Mayo aclaró que han intervenido con todo tipo de negocio, que van desde residencias hasta torres de comunicaciones.

La ejecutiva aceptó que no han registrado muchas reincidencias, ante el alto costo que conlleva la misma, la cual inicialmente es una multa de $50,000 por violación y posteriormente puede repercutir en el cierre de la operación. Hasta el momento han registrado dos convicciones criminales, donde figura hasta el hurto de cobre, y tres convicciones profesionales, donde el profesional certifica algo que no puede certificar, incluyendo hasta falsificación de firmas.

Mayo explicó, que existen tres tipos de querellas: la primera es donde operan o construyen sin lo debidos permisos; se saca un permiso para una cosa y se hace otra; y se emite un permiso errado. Una vez llega la radicación, la verifican y de encontrarse en obvia violación, se impone la multa de inmediato.

“No queremos cerrar negocios, lo que buscamos es que los mismos operen bajo los parámetros de la ley. La Ley 161 es una legislación de avanzada y el motor del desarrollo económico del País. La transformación del sistema de permisos ha probado ser un incentivo para la apertura de más negocios pero todos tienen que operar de acuerdo a la ley y el orden.  Cumplir es parte de nuestro deber”, sostuvo Mayo.

Según explicó la ejecutiva, las 2,306 querellas recibidas están relacionadas en su gran mayoría a permisos comerciales y residenciales en todas sus clasificaciones; construcción y uso, rótulos y anuncios, así como las antenas de telecomunicaciones.

Las querellas, que se encuentran en diferentes etapas del proceso, son representativas de todos los municipios de Puerto Rico. Arecibo encabeza la lista de los municipios con el mayor número de querellas, 112 en total. Otros municipios con mayor número de querellas son: Toa Baja (104) y Trujillo Alto (70), Mayagüez (69), Río Grande (65) y Gurabo (62). Mientras, Maricao aparece como el pueblo de menos querellas radicadas, con solo una.

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