Domingo 19.05.2013

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Admitido el 2 de marzo de 1917

La admisión final de Puerto Rico como estado tiene fecha límite

EL VOCERO/Archivo

La admisión final de Puerto Rico como estado tiene fecha, el 2 de marzo de 2017, día en que se cumplen cien años de la vigencia del Acta Jones que hizo a los puertorriqueños ciudadanos americanos. Movimientos recientes en el plano federal así lo van indicando. Los fedrales están hablando, veamos.

La eliminación del territorio no incorporado en los tribunales.

En la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el Tribunal Federal) se está ventilando un caso (USA v Commonwealth of Puerto Rico, civil 12-2039) en el que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia nacional demanda al ELA y a la Policía de Puerto Rico por alegadas violaciones de derechos civiles. Las violaciones de derechos civiles por policías son detestables y deben perseguirse vigorosamente porque son las perpetradas por las personas a quienes la sociedad le ha dado el poder para, precisamente, evitarlas. Pero no son los policías los únicos que tienen que velar que se hagan valer los derechos civiles pero terminan menoscabándolos. A la división de derechos civiles del Departamento de Justicia le podría señalar lo mismo. A manera de justicia poética, esto es lo que ha ocurrido en este caso.

En la demanda, el Justicia identifica al primero de los demandados como: “El demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico. Puerto Rico tiene aproximadamente 3,726,000 residentes y es un territorio no-incorporado de Estados Unidos.” Note lo siguiente: correctamente dice que el ELA no es otra cosa que el nombre del gobierno de Puerto Rico, no su status político. Sin embargo al tratar de definir el status no fueron precavidos y lo describieron como “territorio no-incorporado”. Ahí que se metieron en problemas.

Ante tal afirmación, el juez que a quién está asignado el caso, Hon. Gustavo Gelpí emitió una orden requiriéndole a Justicia que, antes del 18 de enero de 2013, radicara una declaración en apoyo a su alegación de que Puerto Rico es un territorio no-incorporado y que la apoyaracon citas de autoridades legales, o, en la alternativa, que retirara la alegación. Justicia respondió prontamente enmendando la demanda para eliminar la controvertida afirmación. En otras palabras, Gelpí emplazó a la división de Derechos Civiles de Justicia para que defendiera la continuada vigencia y propiedad de la figura de territorio no-incorporado a la luz de los desarrollos nacionales e internacionales en el campo de los derechos civiles, o, se retractara. Justicia tuvo que retractarse. Los abogados de la División de Derechos Civiles comprendieron en ese momento por qué decimos que la mayor violación de los derechos civiles de los ciudadanos americanos de Puerto Rico ha sido y es someternos a casi un siglo de un status político inferior negándoles sus derechos políticos a base de la nefasta figura territorio no-incorporado. Al médico le dieron de su propia medicina amarga.

El impacto de la Reforma migratoria

Por otro lado la reforma de las leyes de inmigración que habrá de ocurrir en este cuatrienio con apoyo de líderes políticos de ambos partidos en el Congreso, Demócratas y Republicanos, no sólo pone de relieve la injusticia que se comete con los puertorriqueños sino que apunta en la dirección en la que necesariamente debe buscarse la solución. En estos días, Howard L. Hills, quien fue principal asesor legal de la Casa Blanca ante las Naciones Unidas en asuntos de status político de los territorios y procesos de descolonización, escribió una columna con el título: “Según adelanta la reforma migratoria, el Congreso debe actuar para derogar el legado de las decisiones infames de la Corte Suprema que violan el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la igualdad en la ciudadanía.” Luego de condenar la infamia de la figura de territorio no-incorporado Hills, plantea la pregunta central de su escrito:

“¿Cómo podrá alguien explicar un resultado en el que millones de extranjeros (los inmigrantes) que disfrutan de muchas de las bendiciones de nuestra forma de vida sin cumplir primero con nuestras leyes reciben trato preferencial sobre nuestros compatriotas americanos de Puerto Rico que, respetuosos de la ley, buscan la igualdad? ¿Quién les explicará por qué no-ciudadanos que residen ilegalmente en Estados Unidos serán completamente acogidos e integrados a la sociedad americana antes que las reconocida y probadamente patrióticas familias estadounidenses de Puerto Rico que han vivido bajo la bandera americana legalmente por 114 años?

La solución que propone, por supuesto, es la pronta admisión como de Puerto Rico como estado, por supuesto. La fecha límite obvia es el 2 de marzo de 2017.

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