Viernes 24.05.2013

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Aeropuerto Internacional: Portón de acceso controlado

“Una preocupación de marca mayor es el impacto que dicha transacción tiene sobre la seguridad de nuestro pueblo”.

EL VOCERO/Archivo

El aeropuerto internacional de Puerto Rico (Luis Muñoz Marín) en una isla de algunas 100 por 35 millas, y sus islitas aledañas, es el equivalente al portón de control de acceso. En Puerto Rico, como un castillo amurallado, estamos circundados por la fosa profunda del océano infestado por tiburones. Nuestra condición inescapable de isla, nos obliga entrar y salir a través de los puertos por aire o mar. Por ende, entregar a espaldas del Pueblo el aeropuerto internacional a una corporación privada extranjera mexicana plantea una serie de interrogantes, no solamente en el aspecto puramente económico, sino de seguridad  y la libertad del flujo de la ciudadanía.

La plataforma del PNP lee: “Aeropuertos: Puerto Rico es el eje de trasbordo del Caribe. Por tal razón, mejoraremos nuestra infraestructura aérea para tener instalaciones de clase mundial, en alianza con el sector privado” (2009-2012, p. 70). La falta de transparencia del gobierno de Luis Fortuño, y ahora el de Alejandro García Padilla, para negociar, sin consultar al Pueblo con un bien patrimonial, como si fuese un bien privativo, deja un mal sabor. Salir de la operación del aeropuerto con la excusa de que no hay dinero en la caja para cumplir con sus obligaciones no fue su compromiso. Alegar que la operación del aeropuerto no es productiva es un contrasentido al interés mostrado por parte de la empresa mexicana. Aerostar Holdings no viene como alma caritativa a salvar a Puerto Rico. Asumirá las riendas de un negocio que les deje un margen de ganancia jugosa. Si una empresa privada puede convertir el aeropuerto en negocio rentable, ¿cómo es que la Autoridad de Puertos no corrige las deficiencias operativas para mantener la operación? Seguir convirtiendo en dinero líquido devaluado por la inflación, nuestros haberes patrimoniales -como es la entrada y salida principal de nuestra país- no necesariamente es la solución a largo plazo de nuestro problema fiscal, ni mucho menos de seguridad.

Una preocupación de marca mayor es el impacto que dicha transacción tiene sobre la seguridad de nuestro pueblo. Son tantas las interrogantes que surgen. ¿Cómo es que Puerto Rico puede negociar con una empresa mexicana la operación de un aeropuerto internacional -puerta de entrada y salida- a Estados Unidos, cuando el presidente Obama y el Congreso federal al día de hoy no han logrado una reforma inmigratoria para manejar la entrada ilegal de mexicanos en la frontera con EE.UU?  ¿Cómo es que se nos permite negociar con una empresa mexicana, pero para negociar con el gobierno mexicano interviene el Departamento de Estado de EE.UU? ¿Se imaginan si estuviésemos negociando con una empresa cubana o venezolana la operación del aeropuerto internacional en Puerto Rico? Con el  grave problema criminal de trasiego de drogas ilegales y posible lavado de dinero que tiene Puerto Rico como puente de entrada a EE.UU., ¿qué investigación de posible historial criminal de Aerostar se ha realizado? ¿Podría la empresa extranjera reducir el negocio del aeropuerto, para ampliar las facilidades en un centro comercial de tiendas por departamento, o adquirir terrenos para un complejo turístico hotelero con campo de golf y piscina? ¿Se imaginan el revuelo si les subarrendan las facilidades no aeronáuticas como exige el contrato (Sec. 2.1, (d), p. 32), a empresas privadas colombianas, venezolanas o cubanas en conjunto con una de Irán?

En cuanto al flujo libre de la ciudadanía, el contrato prohíbe interrumpir las operaciones del aeropuerto internacional si la empresa enfrenta problemas de solvencia económica, liquidez, quiebra, reorganización, o disolución (Sec. 3.2 p. 42, Sec 3.4, p 50). El aeropuerto internacional será disponible para uso público en “términos razonables y sin discriminación”. A pesar que el aumento tarifario no se podrá hacer más rápido que el aumento inflacionario (Sec. 3.4,  iv, p. 51), ¿se imaginan si una empresa extranjera utilice como subterfugio aumentar las tarifas aéreas a nuestra población que tiene un índice más alto de desempleo que en EE.UU., y un nivel de ingreso per capita bajo, para trancarnos la salida y la entrada a Puerto Rico?

Por otra parte, las medidas de seguridad se mantendrán en los niveles más altos posibles. (Ibid, vi, p. 51). Aunque se alega que la Administración Federal de Aviación (FAA) revisa el acuerdo contractual entre la Autoridad de Puertos del ELA y la empresa mexicana, se desconoce si dicha agencia activamente vela por los intereses de otras agencias federales; como podría ser el Negociado de Aduana y Protección Fronteriza, la Administración de Seguridad en la Transportación (TSA), el FBI, ICE, DEA (por sus siglas en inglés) o cualesquiera otra que pueda intervenir en la fase investigativa de terrorismo doméstico, internacional o trasiego de drogas.

A preguntas nuestras, la TSA nos informó que “todo aeropuerto comercial en EE.UU. deberá tener un plan de seguridad (Airport Security Plan, ASP) aprobado por TSA”. En cuanto a la empleomanía necesaria para operar los puntos de cotejo en el aeropuerto, su portavoz Sari Koshetz, nos señaló que “TSA se encarga de proveer los recursos humanos acorde con los niveles necesarios para cumplir con su misión de seguridad en la transportación. TSA no entrará en especulaciones con respecto al impacto que pueda tener la privatización del aeropuerto”.

Por su parte, el Negociado de Aduana y Protección Fronteriza, en esencia, nos confirmó que retiene su jurisdicción para garantizar que los pasajeros y la mercancía cumplan con los requerimientos federales para entrar o salir de EE.UU., en vuelos internacionales.

En fin, el alcance de una transacción de esta naturaleza debió consultarse con el Pueblo. Esto no se trata de 125 empleados que puedan perder su trabajo. La seguridad contra el trasiego de drogas, el terrorismo y la libertad del flujo de movimiento de salir y entrar a Puerto Rico de los cerca de 3.7 millones de puertorriqueño(as) residentes por los próximos 40 años, está en juego; no importa haya o no un cambio de estatus político.

 

 

 

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