Sábado 18.05.2013

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Boston reafirma decisión sobre votantes

La Ley Nacional de Registro Electoral de 1993 no aplica a Puerto Rico

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito concluyó esta tarde que la  Ley Nacional de Registro Electoral de 1993 (NVRA, por sus siglas en inglés), no aplica a Puerto Rico, por lo que de esta forma ese alto foro reafirma su orden previa del 18 de octubre de que los 330,902 electores no podrán participar en las elecciones del 6 de noviembre.

“Nuestra visión es que por sus términos, la Ley Nacional de Registro Electoral de 1993 (NVRA, por sus siglas en inglés), no aplica a Puerto Rico y que por lo tanto, no puede proveer ningún remedio a los demandantes en este caso. A pesar de que el estatuto  no excluye a Puerto Rico explícitamente de su ámbito, el lenguaje del estatuto y la historia legislativa revela que el Congreso intentó hacerlo”, expresa la orden de los jueces Kermit Lipez y Jeffrey Howard.   El juez puertorriqueño Juan Torruella, disintió de sus homólogos.

Los jueces expresaron preocupación sobre la ausencia de procedimientos de recusación durante el día de la elección. Mencionan que aunque el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Luis Acevedo, afirmó que hay materiales y personal suficiente para reinstalar a los 330, 902 electores –conocidos como los I-8- para el día de los comicios generales, también destacaron que la Ley Electoral de Puerto Rico no incluye un proceso que garantice el domicilio del elector. “Por lo tanto, es seguro asumir que al menos algunos de ellos ahora residen en precintos diferentes del que vivían en el 2008, mientras que algunos a lo mejor ya no son residentes en Puerto Rico”, indica la orden.

Empero, los jueces determinaron que la Ley Americana para Ayudar al Elector (HAVA, por sus siglas en inglés), sí aplica a Puerto Rico sobre el puesto de Comisionado Residente. No obstante, los jueces señalan que es una pregunta difícil determinar si ellos tienen el poder de que si la ley HAVA  provee las bases legales a las cortes federales para ordenar la reinstalación de los electores en los comicios generales del 6 de noviembre.

El abogado John Mudd opinó que con su orden el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito “dio un puntillazo final al asunto”.

 

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