La degradación de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) plantea una preocupación sobre el acceso al crédito para el Estado Libre Asociado, pero debido al nivel de endeudamiento acumulado la posibilidad de levantar nueva deuda ya se sabía que era escasa.
Esto significa que podría haber un aumento en el costo del crédito al buscar nueva deuda o refinanciar la existente, pero en términos de futuras emisiones –principalmente para el desarrollo de obra pública– el margen disponible no deberá permitir grandes proyectos, igual como ocurre ahora.
Ese cuadro ha estado notablemente presente la última década, con la imposibilidad del sector público para crear iniciativas de envergadura y por eso la ruta hacia la búsqueda de Alianzas Público Privadas (APP) se presenta como una de las principales vías para obra nueva o para administrar y mejorar infraestructura existente.
Con ese análisis coincide el economista Joaquín Villamil, para quien el anuncio de Moody’s Investors Service –que bajó un escalafón la nota de unos $6.8 billones de bonos sénior y degradó en dos escalafones a poco más de $9.2 billones de bonos subordinados de COFINA– no muestra cambios drásticos como aparenta.
En marzo de este año Moody’s modificó su metodología para estimar la nota de ciertos bonos, con lo cual llega la revisión a COFINA. Al comparar la nota bajo el método anterior, cuando Moody’s subió la clasificación de Aa3 a A1, Villamil entiende que ahora la diferencia no es amplia frente a lo que había antes de esa fecha.
El martes, Moody’s reclasificó los bonos sénior de Aa2 a Aa3, y los bonos subordinados de A1 a A3.
“El ‘downgrade’ refleja la preocupación por la economía en general, por los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que nutre a COFINA, porque si la economía no crece no aumentan los recaudos con lo que se paga la deuda”, dijo Villamil.
La clasificación del 2009 llegó justo frente a la primera emisión realizada por el gobierno de Luis Fortuño (unos $1,000 millones), y se consideró entonces la mejor nota en la década previa. Se hizo para repagar deuda de COFINA, cuyo vencimiento mayor es hacia el año 2040.
En enero del 2009 el gobierno aumentó la porción del IVU que se destina a COFINA, de 1 por ciento a 2 por ciento, y luego en marzo del mismo año se le asignó .75 por ciento extra, lo cual le añadió capacidad de ingresos.
“En términos del mercado local, los bonos de COFINA siguen siendo buenos para los inversionistas porque el rendimiento sigue siendo bueno. Lo que ocurre es que el costo de la deuda, que está alrededor de un 5.35 por ciento, más o menos está llegando a niveles altos y eso muy bien representará un costo del crédito mayor”, destacó Villamil.
De acuerdo con el economista, como la deuda del ELA está a un nivel elevado “en el corto plazo al gobierno se le va a hacer difícil emitir deuda nueva y las APPs pueden mitigar esta situación”.
“El concepto de la APP es muy bueno. Yo pienso que las APPs es el modelo en términos del modelo institucional de la economía y es importante en este momento”, abundó Villamil.
En términos generales, Villamil señaló que para las agencias clasificadoras de crédito como Moody’s “está claro que es una preocupación el hecho de que la economía no está creciendo y la proyección de crecimiento del uno por ciento para los próximos años no es suficiente para garantizar la captación de recaudos que se estima saludable”.
Mencionó que una salida podría ser aumentar el IVU, pero esto tiene unas implicaciones políticas, sobre todo en este año electoral. Funcionarios del gobierno y de la oposición política ya dijeron que no avalan un aumento del IVU.