Jueves 23.05.2013

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Comisión de Transición: Desinterés en el reciclaje del crimen

“Los directivos de un gobierno le pasan la batuta del pantalleo de apariencias, al nuevo gobierno que anda igual de desinteresado en los asuntos medulares”

EL VOCERO / Archivo / Willín Rodríguez

La última estampa del bodegón dantesco boricua es escalofriante. Un joven publicista ejecutado a sangre fría en un complejo penal abandonado en Cayey aparente víctima de un ‘carjacking’ y secuestro. El surrealismo de las exequias fúnebres del asesinato del ‘Macho’ Camacho exaltado como héroe en el altar olímpico estatal, sacó la podredumbre a flor de piel de sectores que como galardón de pompa fúnebre emularon la tónica violenta machista del boxeo. En contraste marcado, en el Departamento de Estado se realizan las vistas de transición en torno a las agencias de seguridad pública.

La iluminación de una exquisita fastuosa lámpara de lágrimas de cristal de roca se empañó por la ausencia de la entrante secretaria de la Gobernación, Ingrid Vilá, quien parecería no querer estillarse por la crudeza violenta que arropa nuestra isla. La información intercambiada, desnaturalizada de su contexto de violencia, se redujo a contar presos, celdas y costo por cabeza de persona enjaulada. La mirada hueca de los funcionarios en dicha transición gubernamental, pone al relieve la falta de interés en evaluar la efectividad de la política pública que usa la infraestructura y recursos económicos disponibles que contabilizan. La ‘asepsia’ de cristal Baccarat evidencia el interés desmedido en identificar el número de funcionarios en juntas, fechas de sus nombramientos, sus salarios, vacantes de puestos y fondos disponibles para contratación de bufetes externos fue la orden del día. Parecería que el gobierno saliente intenta ocultar la jauja con las arcas públicas, mientras el gobierno entrante, de forma disimulada, indaga para repartirse el botín de guerra; incluso delinear medidas para retomar el poder de sus juntas rectoras. Representantes de poderosos bufetes privados velan por sus futuros guisos, mientras el buitre mayor vigila desde el público con sus garfios hambrientos para retomar el saqueo de fondos de dichas agencias: el señor Rafael Santiago, aspirante a secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Los directivos de un gobierno le pasan la batuta del pantalleo de apariencias al nuevo gobierno, que anda igual de desinteresado en los asuntos medulares. Jamás exploraron sobre los delitos cometidos que llevan al encierro, la falacia de los llamados ‘programas de rehabilitación’, el reciclaje del crimen constatados por el casi 60% de reincidencia y cerca del 40% de pruebas positivas en muestreo por drogas que selectivamente se realizan en las cárceles. Ni los barrotes, murallas, ni la vigilancia estricta 24/7 de guardias penales detienen el trasiego de drogas.

El secretario de DCR, licenciado Jesús González Cruz, admitió que el caso Morales-Feliciano no se ha cerrado, desmintiendo al exsecretario Carlos Molina. Hay nuevas estipulaciones para cumplirse en dos años. Por cada dólar invertido en infraestructura para servicios a los presos, peso a peso se descuenta de los cerca de $180 millones adeudados en multas. Con un presupuesto rebajado en un 14% de $488.3 millones (2008) a $416.6 millones (2012-2013), se atiende a una población correccional de cerca de 24,266 custodiados; de los cuales hay 11,257 en la comunidad, mientras que encarcelados hay 10,335 sentenciados y 2,130 sumariados. Incluyendo 438 casos institucionalizados fuera de Puerto Rico en Oklahoma, aumentó la población confinada por 5.85%; es decir, de 11, 614 (julio, 2011) a 12,407 encarcelados (octubre, 2012). Según los datos provistos por el DCR, el sistema carcelario tiene una capacidad para albergar 14,276 confinados(as), dejando disponibles algunos 1,869 espacios. A pesar de la advertencia de que la sentencia promedio bajo el Código Penal del 2004 era de 8 años –lo que sube a 11.5 años con el nuevo Código, requiriendo $50 millones adicionales para atender un posible incremento de 3,000 presos– a nadie le interesó hacer las preguntas de rigor elementales que justifican el gasto público.

¿Cómo se mide la efectividad del cambio de la conducta de violencia que proveen los programas de entretenimiento de teatro, arte, lectura de música, baloncesto, pelota, yoga, estudios para delineantes arquitectónicos y energía renovable? ¿Cómo la producción de confinados(as) bajo el DCR de pan, sofrito, café, vegetales y legumbres, piña, y ganado para ser comprados por el contratista que provea la alimentación a los presos por $67 millones anuales, posiblemente son ilegales y violan la ley de la Corporación de Empresas, Adiestramiento y Trabajo (CEAT)? ¿Abre este posible esquema con visos esclavitud un frente para fabricación de casos? Ni hablar que por dicho trabajo, bajo los Códigos Penales del 1974 y 2004, se otorgan bonificaciones para rebajar los días de cárcel de su sentencia. ¿Dónde está el desglose del paradero de los cerca de 114 asesinos excarcelados ilegalmente mediante grillete electrónico que el Tribunal federal en Boston y el TSPR ordenaron? En cuanto a la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), ¿cómo es que se pretende propiciar programas de rehabilitación bajo su mando, sin entender que eso constituye un craso conflicto de interés? ¿Cuáles son los criterios de rehabilitación que la JLBP y el DCR utilizan al momento de adjudicar o denegar privilegios de excarcelación temprana; un detalle que afecta la necesidad de espacios carcelarios?

El gobierno entrante, ¿considerará las opciones que garantizan la seguridad pública dejando encerrados a los convictos por crímenes de violencia contra la persona o promoverá su excarcelación? El costo de $416 millones anual del sistema carcelario sale 3.5 veces más caros que la Asamblea Legislativa que tiene un presupuesto de cerca de $120 millones anuales, con todo y su francachela. Ante la superficialidad desplegada en las vistas, podríamos concluir que aprovecharán el baratillo que implica enviar a 438 presos a razón de $50 por día, en lugar de los $100 que nos cuesta en Puerto Rico. Un ahorro de $208 millones anuales, representa casi un billón de dólares en un cuatrienio; cerca de una novena parte del presupuesto anual del ELA. ¿Se exportarán todos los presos al exterior para ahorrarnos la mitad de $416 millones anuales? Esa es la pregunta.

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