Más allá de que la merma de ingresos provoque el cierre de casinos y que cause daño a la industria turística, “pone en riesgo el crédito gubernamental”, advirtió hoy el expresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, Miguel Vega, durante las vistas públicas celebradas por la Comisión de Desarrollo de la Industria Turística de la Cámara de Representantes.
Los casinos aportan el 51 por ciento del presupuesto de la Compañía de Turismo (CT), un porcentaje también pasa a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otra porción al fondo general. Están ubicados estrictamente en hoteles.
La Comisión que preside Ángel Matos García, a través del Proyecto 129, busca descubrir las causas del cierre de importantes casinos, como los de los hoteles El Conquistador y Meliá, en Río Grande, y prevenir que otros clausuren sus puertas y despidan personal.
Para Vega, la respuesta es sencilla: las máquinas de entretenimiento o tragamonedas ubicadas en colmados, panaderías, entre otros lugares, las cuales no aportan ni un centavo de los $70.9 millones que los casinos aportan a la UPR, los $61 millones a la CT y $23.6 millones al fondo general, que suman $155.9 millones.
Vega explicó que actualmente hay 20 casinos en hoteles autorizados para operar salas de juego
de azar que proveen 2,700 plazas para empleados licenciados y ayudan a mantener 70 mil empleos en la industria del turismo. “El casino ayuda a sostener la operación hotelera. De esa operación dependen también los taxistas, los restaurantes, los operadores de excursiones, los agentes de viaje”, indicó.
Aunque no es común que personas viajen a la Isla particularmente a jugar, sí combinan el turismo de ocio con los juegos de azar, dijo Vega, quien habló a nombre del actual presidente del organismo, Ismael Vega.
Había más personas citadas a la vista, pero no acudieron, por lo que los deponentes programados para la tarde serán citados para mañana, informó Matos García.
Para el vicepresidente de Luxury Resorts, Noel Vera Ramírez, está claro –según la ponencia enviada- que “una de las razones principales que afectan la capacidad de subsistir de los casinos en Puerto Rico es la proliferación descontrolada de los lugares de juego ilegal en la Isla”. Y señaló que “lamentablemente, el Poder Ejecutivo, quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley, ha claudicado en sus deberes. Esto ha redundado en que los intereses económicos que no necesariamente contribuyen a las finanzas del atribulado Gobierno Central, hayan esparcido la práctica de juego ilegal”.
Subrayó que los juegos ilegales “resultan en una competencia injusta con los casinos”, ya que entre otras cosas, requieren una inversión millonaria, ser operados por hoteles que cumplan con ciertos requisitos y son fiscalizados como una institución financiera, bajo las leyes estatales y federales.
Por su parte, también por escrito, el decano de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, Miguel E. Pérez Díaz, mencionó que el cierre de los casinos es indicador de que “esta importante industria necesita atención y amerita una rápida acción por parte del Gobierno para evitar la pérdida de empleos y de ingresos al fisco”.
Trajo a colación que del 2000 al 2008 los ingresos de los casinos por concepto de tragamonedas –que es juego más utilizado- reflejó un crecimiento sostenido de 176 por ciento que se tradujo en $136 millones. “Sin embargo, desde el año fiscal 2008-2009 al presente el ingreso neto ha reducido en $3 millones”, explicó Pérez Díaz.