La propuesta del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de aumentar el salario mínimo federal de $7.25 a $9.00, ha encontrado en Puerto Rico detractores y defensores.
Mientras para algunos sectores económicos representa justicia salarial ante una inflación creciente, para otros representará despidos, reducción de horario y cierres de empresas.
Pablo Figueroa, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) sostuvo que este aumento es un nuevo desafío para las empresas, que los obligará a ser más creativos y eficientes. Aclaró que el efecto es el mismo tanto para pequeñas, medianas o grandes empresas o comercios, ya que en su mayoría poseen márgenes de ganancias limutados.
El economista Vicente Feliciano, explicó que estamos en un momento de especulación porque tiene la propuesta tiene que ser aprobada por el Congreso y su fecha de inicio sería en el 2015. De aprobarse, entiende que en Estados Unidos es una estrategia positiva porque la economía ha repuntado y se han creado empleos de salarios altos. No obstante, para Puerto Rico “es negativo, ya que al contrario de Estados Unidos, aquí se están perdiendo empleos, principalmente en los municipios pudiese generar un aumento en despidos y en establecimientos como los restaurantes habría un incremento en los precios que ofrecen al consumidor, lo que a su vez genera el efecto de no patrocinio, resultando en un mismo final, reducción de empleos”.
En sentido similar se expresó Maria Isabel Vicente, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, quien entiende el aumento salarial contribuirá al incremento en los gastos operacionales que confrontan las farmacias de comunidad. Esos gastos –entre otros factores- los han provocado la reducción en pagos de medicamentos por parte de los planes médicos y el aumento en el patrocinio de los medicamentos genéricos, lo cual ha reducido las ganancias.
Para la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge, este aumento “es terrible para el sector de los pequeños comerciantes”, asegurando que con el aumento salarial anterior fueron muchos los que cerraron y ahora anticipa la quiebra y desaparición de más establecimientos. “La carga operacional ya es elevada, un cargo adicional, ante un limitado y hasta inexistente margen de ganancia solo repercutirá en el cierre de varios comercios y por ende en una merma laboral”, sostuvo.
Por su parte, el ingeniero Bartolomé Gamundi, expresidente de la CCPR, explicó que este aumento salarial tiene un efecto dominó, que reduce el diferencial salarial entre administrativos y empleado general, lo que obliga a los patronos a evaluar esos otros salarios. A ello sumó que en la Isla ese incremento no deberá aportar mucho al fisco ante la reducida tasa de participación laboral. “La realidad es que la Isla tiene que atemperarse a esos cambios, por lo que se hace imperante aumentar la productividad, reducir los costos operacionales, facilitar los permisos y generar en la Isla un mejor ambiente de hacer negocios. Nada hacemos con quejarnos u oponernos porque no está bajo nuestro control”, afirmó Gamundi.
Manuel Cidre, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico entiende que dicha propuesta puede afectar el clima de inversión. “En un país donde el costo de hacer negocio es tan alto, esto es desastroso para el desarrollo de cualquier negocio. Este impacto es mucho más significativo para nosotros. Es un llamado a ser más eficiente, más efectivo para que el último recurso sea despedir gente y no el primero”.
Sin embargo, el CPA Luis Torres LLompart, visualiza el aumento como algo positivo, que genera capacidad económica a los empleados, les permite gastar y con ello mover la economía. “El aumento no es de inmediato, lo que les permite a las empresas ganar tiempo para poder diagramar sus estrategias. La inflación en la Isla sigue y es necesario hacer justicia a los trabajadores para poder vivir a la par con el alza del costo de vida”.
Asimismo, para el director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Francisco Chévere, la propuesta de Obama fortalece la recién aprobada ley de Empleo Ahora del gobernador Alejandro García Padilla, asegurando que ofrece unos incentivos que representan reducción en costos operacionales, lo que le permite a los empresarios y comerciantes asumir el amento sin mayores problemas.
De igual manera, el director de la Compañía de Fomento, Antonio Medina Comas, recomienda “evaluar las alternativas que tenemos. Tenemos capital para competir. Un salario mínimo más alto beneficia a los individuos y el país tendría que balancear las alternativas para ver cómo nos puede afectar competitivamente”. Insistió que el proyecto del Ejecutivo para crear 50,000 empleos no se afectará con esta promesa. “En contra parte, eso crea incentivos que van a ayudarlos a generar esos empleos”.
Maricarmen Rivera Sánchez colaboró en esta historia