Miércoles 22.05.2013

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Estiman en 5 mil los despidos del Gobierno

Estima el alcalde de Yauco, Abel Nazario

Suministrada.

A pesar de que todavía se desconoce a ciencia cierta cuantos empleados públicos en el Gobierno central, el poder legislativo y los municipios, se quedaron sin empleo tras el cambio de administración en sus lugares de trabajo, el número podría alcanzar los 5 mil, según el alcalde de Yauco, Abel Nazario.

Los jefes de agencia, alcaldes y líderes de la Cámara y Senado, alegan que se trata de empleados transitorios o empleados de confianza. Sin embargo, es conocido que cuatrienio tras cuatrienio

–sin importar el partido de turno– muchos viven el via crucis de quedarse sin empleo pasadas las elecciones.

De acuerdo a los números reportados por los mismos funcionarios en cuestión, se estima que al menos 1,426 empleados transitorios se quedaron sin empleo en seis municipios, se estima que más de un centenar en la Asamblea Legislativa y una decena en la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA, por sus siglas en inglés), agencia adscrita al Gobierno central.

Pero a juicio del alcalde Nazario, las personas que quedaron sin trabajo en los municipios y la Legislatura pudiera sumar los 5 mil empleados.

Nazario aseguró que al menos en el Distrito de Ponce –compuesto por los municipios de Adjuntas, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Utuado y Yauco– el número alcanza mil empleados.

El Primer Ejecutivo de Yauco indicó que a través del Departamento del Trabajo los municipios pueden ver en el sistema el número de cesantías totales, parciales, trabajos medios o jornadas reducidas.

EL VOCERO intentó corroborar ayer esta información con el designado secretario del Trabajo, Vance Thomas, pero el funcionario solicitó tiempo a este rotativo para analizar varios documentos que recibió el viernes relacionados con los municipios.

La semana pasada tanto el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, como el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, rechazaron llamar despidos a lo que catalogaron como contratos que no fueron renovados. No obstante, en el Capitolio, todos los empleados son de confianza y trabajan por contrato.

En aquel momento, Perelló aseguró que los empleados que recibieron las cartas en la Cámara no llegan a 100 y argumentó que la pasada administración dejó presupuestada la liquidación de casi 300 empleados. Mientras, Bhatia aseguró que el número fluctúa entre 30 y 40 empleados.

En tanto, varios municipios como Toa Baja (380), Arroyo (350), Cabo Rojo (310), Guayama (311), Lajas (45) y Patillas (30) anunciaron el número de empleados que se quedaron sin trabajo. EL VOCERO intentó conocer el número de empleados que se quedaron sin trabajo en Ponce, pero la alcaldesa María Meléndez estaba en gestiones oficiales en Washington, D.C.
Por su parte, el acalde de Lajas, Marcos (Turín) Irizarry, aseguró que se trata de empleados transitorios cuyos contratos terminaban el 31 de diciembre y que no se podían mantener debido a la grave situación de las arcas municipales. Según el funcionario, el pasado alcalde Leo Cotté, contrató empleados para recoger la basura luego que privatizó su recogido, y la firma Go Green abandonó el trabajo porque el Municipio le adeuda $500 mil. También alegó que se contrataron empleados transitorios para trabajos de secretaría y oficina.

El Alcalde de Yauco recurrió desde hace meses a reducir la jornada laboral de los empleados debido a la merma en recaudos. Al tiempo que recordó que fue criticado en el pasado, Nazario sostuvo que la reducción de la jornada laboral a 50 por ciento –con excepción de los servicios esenciales– es necesaria al menos mientras mejoran las finanzas.

Su homólogo en Lajas planifica hacer lo mismo en el caso que no pueda conseguir ayuda en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Necesaria la planificación
El Gobierno debe planificar responsablemente a la hora de sumar personas a la nómina y debe establecer sistemas de evaluación para los trabajadores, opinó la profesora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Yolanda Cordero.
Cordero sostuvo que la inestabilidad laboral redunda en poca productividad entre los empleados. La estudiosa del tema aseguró que la ley vigente considera la productividad, la evaluación y la antigüedad como criterios a la hora de las cesantías. Sin embargo, las agencias se basan solo en la antigüedad, ante la ausencia de evaluaciones periódicas, con el fin de evitar demandas.

 

 

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