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Hoyo negro fiscal

5 de marzo de 2012 - Negocios, -

Nota del Editor: Se anticipa que el fondo de Retiro no podrá pagar sus obligaciones en pensiones a empleados públicos jubilados tan temprano como el año 2015. El déficit certificado de $25 mil millones apunta hacia la insolvencia de la obligación más grande de una sola fuente que pesa sobre el contribuyente. Si ese déficit no se solventa, el contribuyente tendrá que pagar las pensiones. Este escenario es el que precisamente estaremos plasmando en esta serie de reportajes.

Gracias al tsunami fiscal creado en el 2008 por las billonarias emisiones de bonos de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura, en escasamente una década el gobernador de turno podría confrontarse con el serio dilema de tener que pagar una deuda de $3,000 millones sin contar con el suficiente dinero. Esta peligrosa perspectiva fue confirmada por Juan Carlos Battle, presidente del Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Síndicos de Retiro.“La deuda no se va a ir”, dice Battle. “Hay que repagar esos bonos. El problema de los bonos es cuando se venza el principal”.

Battle también es parte de un comité nombrado por La Fortaleza para trabajar a puertas cerradas buscando nuevas alternativas financieras que estabilicen a Retiro y presuntamente, es el arquitecto de una nueva ley que le dio acceso al sistema de pensiones a los fondos destinados a mejorar la infraestructura física del País. La ley 96 de julio de 2011autorizó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a transferir $162.5 millones para invertir  en un llamado ‘bono de apreciación de capital’ emitido por la Corporación para el Fondo de Interés

Apremiante de Puerto Rico (COFINA) con la expectativa que para principios de la próxima década tenga un rendimiento de $1,600 millones con los cuales se pagaría al menos la mitad del principal de las emisiones del 2008.

Mientras tanto Retiro, confrontado con la necesidad de imponer rápidamente una serie de medidas de austeridad políticamente tóxicas para asegurar el dinero de las pensiones presentes y futuras de decenas de miles de jubilados, ha hecho caso omiso de las recomendaciones de sus propios peritos al optar por una ‘curita’ que aplaza la crisis pero no la resuelve.

Esta falta de urgencia está documentada por récords públicos y confidenciales, así como múltiples entrevistas realizadas por EL VOCERO. Las mismas hacen eco de la necesidad de actuar con rapidez expresada por los peritos y por la comisión cameral que tiene jurisdicción sobre Retiro, llamado que aparentemente está ausente en esta agencia. Hasta ahora, las medidas remediales del Sistema se han limitado a respaldar legislación para subir paulatinamente las aportaciones patronales; el reclutar al Centro de Recaudos de Impuestos Municipales (CRIM) para que cobre cualquier deuda pendiente de las agencias gubernamentales y municipios morosos;  el abrirle a las Cooperativas los programas de préstamos que fueron identificados por los peritos de Conway MacKenzie como uno de los principales problemas con las finanzas de Retiro  y tratar de venderle su cartera de préstamos a la banca comercial.

 

Decisiones a ciegas

Uno de los problemas con estas gestiones es que aparentemente adolecen del mismo defecto que la controvertible emisión de bonos de $3,000 millones en el 2008 bajo la incumbencia del exadministrador de Retiro, Juan Cancel Alegría.  No se realizaron análisis financieros ni estudios actuariales antes de tomar una decisión que va a afectar a todas las agencias y a todos los municipios de Puerto Rico por décadas– según admitió la presidenta de la Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos Rivera, quien defiende la Ley 116 de su autoría explicando que “no hay estudio pero había que hacer el aumento”. Este aumento –el primero en aportaciones patronales desde 1990– duplica el 9.275 por ciento actual en aportaciones patronales para principios de la próxima década.

Los críticos de esta medida dicen que eso crea un nuevo problema ya que las dificultades de Retiro simplemente se han transferido al gobierno central y a los municipios, aun a sabiendas de que muchos tienen sus propios déficits.

“El aumento en las aportaciones patronales es una curita,” dice la vicealcaldesa de San Juan, Lourdes Rovira, cuyo municipio es uno de los 10 patronos más importantes bajo el sistema. Rovira, quien fue presidente del BGF, aboga por una reforma más integral del sistema de pensiones incluyendo el que se ponga coto a algunas de las llamadas ‘leyes especiales’ que a lo largo del tiempo han ido sobrecargando el sistema.

Los primeros tres años los aumentos en las aportaciones de los municipios los va a pagar la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en una implícita admisión del peso fiscal que esto representa y, según Rovira, esto lo único que hace es posponer lo inevitable. “Es fácil decir que los patronos paguen más, pero ¿cómo vamos a pagar?”, pregunta, añadiendo que el aumento “es un ‘burden’ bien ‘heavy’” para los municipios, particularmente los que ya están corriendo con un déficit sin la carga adicional.

Para Ramos Rivera, sin embargo, el imponer gradualmente el aumento alivia tal peso: “Como los municipios tienen presupuestos ajustados eso les da tiempo para que vayan ajustando” cómo pagar el incremento. En este momento, explicó, hay 13 municipios con planes de pagos ascendentes a $16 millones. No quiso, sin embargo, identificar cuáles son estos municipios que durante años no solo dejaron de remitir a Retiro sus aportaciones patronales, sino que impunemente retuvieron las deducciones a los empleados sin enviarlas para así cubrir sus propios gastos. Dijo que los alcaldes eran tanto populares como penepés. Battle también evadió identificar a estos municipios.

 

Bloqueando a los ‘sabuesos’

El año pasado Ramos Rivera trató de investigar a fondo los problemas de Retiro pero finalmente se dio por vencida ante las múltiples barreras que encontró a su paso, incluyendo las actitudes asumidas por exfuncionarios públicos, tales como el expresidente del BGS, Alfredo Salazar y Cancel Alegría que rehusaron acudir a las vistas legislativas u otros a los que simplemente no pudieron físicamente localizar. Aun así, publicó el año pasado un par de detallados informes sobre la crisis en Retiro y le refirió sus hallazgos a los fiscales estatales y federales, así como a la Comisión Federal de Intercambio de Valores (SEC, por sus siglas en inglés). “No tenía los recursos con que seguir”, admite Ramos Rivera.

Pero para cuando Ramos Rivera se dio por vencida, la firma de consultores de Conway MacKenzie le había rendido a Retiro un devastador informe documentando una debacle que dijeron estuvo gestándose por casi 60 años y que finalmente estalló en el 2008 con las tres emisiones de bonos por más de $3,000 millones, transacciones que compromete los beneficios de los jubilados hasta el año 2058.

A este diario se le hizo imposible localizar a los principales exfuncionarios de Retiro y del BGF que aprobaron las emisiones, algunos de los cuales alegadamente residen hoy en día fuera de la Isla.

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