Miércoles 22.05.2013

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La buena vida en judicatura española

Funcionario de tribunales acusa a su superior de viajar en múltiples ocasiones a hoteles de lujo en puerto Banus, Marbella

MADRID – La Fiscalía General del Estado recibió esta semana una denuncia radicada por el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez en contra de su superior el juez Carlos Divar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (CGPJ). El alto funcionario de tribunales acusa a su superior de haber viajado veinte veces, haciendo puentes en fines de semana largos, a hoteles de lujo en puerto Banus, Marbella. Los viajes alegadamente hechos para beneficio personal y familiar, se efectuaron desde noviembre del 2008 hasta marzo del 2012, en fechas y tiempos en que no hubo constancia de actos oficiales que los justificaran. El juez presidente Divar cargó a los presupuestos del PoderJudicial sobre $12,996 euros, sin aparente fin público legítimo, según la denuncia.

El señor fiscal del Estado Eduardo Torres Dulce abrió el miércoles, 9 de mayo del 2012, un protocolo fiscal para evaluar la documentación de los viajes remitida a Fiscalía por el Consejo del Poder Judicial. La querella imputa el uso de fondos públicos para vacacionar, suntuosas cenas, excursiones turísticas, bebidas alcohólicas en hoteles y ‘spas’ de lujo. La querella oficial acusa a Divar de viajar desde Madrid, en la exclusiva ‘clase club’ del tren de alta velocidad AVE, con traslados a Marbella acompañado de un séquito de escoltas integrado por tres coches oficiales y siete alguaciles y empleados jurídicos, cuyos gastos también pagaba el Consejo. Los polémicos desembolsos incluyen, cenas gourmet para dos en restaurantes y hoteles cinco estrellas, estadías en hoteles de golf tipo ‘resort’ y en hoteles-casinos.

El Fiscal General del Estado ha expedido los correspondientes requerimientos de documentos para que el funcionario imputado produzca evidencia del pago privativo o de la justificación de interés público para dichos viajes. Los fines de semana de cuatro días con puente, son conocidos en el Tribunal Supremo como “semana caribeña”, ya que la semana laboral se reduce a tres días y el resto se dedica a “trabajo de campo” en lugares turísticos.

El presidente Carlos Divar se mostró “sorprendido” y lamentó que su acusador no llevara sus denuncias al órgano colegiado del que forma parte. Divar añadió que ha sometido todos sus desembolsos e informes de viaje en absoluta transparencia al Tribunal de Cuentas del Estado, para que realice la auditoría correspondiente en el órgano de gobierno de la magistratura española. Divar aseguró tener en orden sus papeles y afirmó que siempre ha sabido diferenciar entre sus gastos personales y los gastos del Tribunal. Respecto a la escolta de cinco agentes y oficiales que lo acompañan en todos los viajes, el Presidente del Consejo Judicial alegó que su seguridad es competencia del Ministerio del Interior y que sus escoltas vienen obligados por ley y reglamento a protegerlo a él y a su familia a dondequiera que viajen.

El denunciante vocal Gómez Benítez –también catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid– alegó que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Divar, cometió múltiples violaciones al Artículo 433 del Código Penal, que castiga como delito mayor con reclusión de un año, multas y destitución de cargo público, a todo funcionario que destine a usos ajenos a la función pública los fondos del Estado puestos a su cargo por razón de sus funciones. Si de la investigación surgiese base para acusar, la denuncia sería elevada a la Sala Penal del Tribunal Supremo, que es la autoridad competente para dilucidar los juicios contra sus aforados como el Presidente del Consejo.

La Fiscalía General no ha dado fecha para la terminación de su pesquisa y ha expedido órdenes de comparecencia y requerimientos de evidencia a funcionarios, escoltas, testigos y administradores del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. El panel de vocales que componen el órgano administrativo del Poder Judicial, ha decidido no comentar sobre este delicado asunto y permitir que las autoridades investigadoras completen su pesquisa sobre las graves acusaciones de malversación de fondos públicos para fines privados.

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