Martes 18.06.2013

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No se sabe dónde están

En ocho años desaparecieron 103 armas de oficiales correccionales y hasta el momento se desconoce su paradero

Jesús González dijo que en la mayoría de los casos los oficiales alegan que el arma fue robada de su vehículo o su residencia. EL VOCERO / Ángel L. Vázquez

En los pasados ocho años desaparecieron 103 armas de oficiales correccionales y hasta el momento el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) desconoce su paradero. El secretario saliente del DRC, Jesús González, dijo que en la mayoría de los casos los oficiales alegan que el arma fue robada de su vehículo o su residencia, pero la agencia solo investiga la negligencia que cometió el empleado y no a dónde fue a parar el arma.

“El DCR ordena investigaciones internas, que en su gran mayoría concluyen que el empleado cometió negligencia en el manejo del arma, por lo que se le imponen sanciones administrativas”, explicó González, quien dijo que las sanciones van desde suspensión de empleo y sueldo hasta destitución.

El Titular indicó que se han dado casos en los que han tenido que despedir oficiales que en más de una ocasión perdieron el arma de reglamento. El DRC maneja 6,375 armas de fuego.

En el 2005 se refirieron para investigación 18 casos de armas desaparecidas; 2006, 24; 2007, 16; 2008, ocho; 2009, seis; 2010, nueve; 2011, 13 y en el 2012, nueve. Tan reciente como ayer una oficial del DRC notificó que ladrones escalaron su residencia, en Vega Baja, y robaron su arma de reglamento.

La información surgió en el anuncio del nuevo Banco de Datos de Balística del DRC que ayudará a identificar el uso de armas de fuego asignadas a los oficiales correccionales en actos criminales.

“Antes la investigación se centraba en la negligencia del empleado, el porqué el arma de fuego estaba en el carro cuando todo el tiempo tiene que tenerla en su persona o en su casa debidamente guardada. Ahora nosotros vamos a saber si el arma es utilizada para un acto criminal porque cuando se recupere el casquillo o el plomo vamos a saber que perteneció a un oficial de la agencia y eso va ayudar a profundizar una investigación criminal”, indicó González.

Explicó que cada proyectil estará identificado con el número de serie del arma con el que se disparó y las iniciales del oficial al que le pertenece.

La agencia identificará el arma por una prueba de balística a través  de un ‘bullet catcher’ que tiene un costo de $3 mil. El arma se dispara dentro del canal del ‘bullet catcher’ –con capacidad para 10 mil disparos– y deja una huella única que identificará cada arma. Las huellas de la bala serán preservadas en el Banco de Balística.

“La idea es compartir estos datos recopilados en el Banco con las demás agencias involucradas en el sistema de seguridad. Los datos ayudarán a parear la información obtenida por el Departamento de Corrección con la obtenida por el Instituto de Ciencias Forenses”, destacó González.

Según establece el protocolo de la agencia, inspeccionarán las armas asignadas a los oficiales reportados en los turnos que laboran los días posteriores a la Despedida de Año para corroborar si fueron utilizadas recientemente.

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