Locales

SAN JUAN - La representación legal Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña no descartó el jueves la posibilidad de pedir al Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que revise la negativa de un juez federal para atender una solicitud urgente para que se dejara sin efecto la Ley 32, que le quitó las tierras a la comunidad sin un debido proceso de ley.

El referido estatuto transfirió al Estado y al Municipio de San Juan las tierras que pertenecían al Fideicomiso, lo que para los demandantes constituye “una incautación inconstitucional”, dijo a Prensa Asociada la licenciada Judith Berkan.

“Estamos estudiando las alternativas, incluyendo ir en alzada”, dijo Berkan en entrevista telefónica.

El juez federal Francisco Besosa no ha resuelto una moción urgente de reconsideración en la que Berkan le solicitó que se le conceda a los demandantes una vista evidenciaria el viernes.

“Si bien resulta insólita su negativa a señalar una vista a la cual tienen derecho los peticionarios, peor aún es el que haya establecido un itinerario que retrasaría la vista de injunction, en el mejor de los casos, para septiembre”, señaló la abogada.

“Están retrasando un recurso urgente, que debió atenderse de inmediato. Estos retrasos le dan más tiempo al Municipio de San Juan para continuar cediendo títulos de propiedad nulos en tierras que no le pertenecen, causando daño irreparable al Fideicomiso y a las comunidades”, destacó.

El juez Besosa le dio a las partes siete semanas para dilucidar asuntos que se pudieran atender en una vista.

“Los residentes tenemos la certeza de que al final del camino, la comunidad prevalecerá. Estamos preparados para un proceso complicado. Acudimos al tribunal en busca de justicia, para hacer valer el derecho a nuestras tierras, a no ser desplazados y a ser protagonistas de nuestro futuro”, dijo, por su parte, Mario Núñez Mercado, presidente de las comunidades aledañas al caño, grupo conocido como el G-8.

El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se creó como parte de la Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, que fue aprobada unánimemente por la Legislatura. Fue constituido con terrenos públicos que había en el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, gran parte de las cuales han sido el hogar de miles de ciudadanos por generaciones.

Aproximadamente 200 cuerdas de terreno son propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso, que opera de forma similar a un condominio.

El Fideicomiso busca evitar el desplazamiento de la comunidad y resolver el histórico problema de tenencia de la tierra mediante un derecho de superficie que puede hipotecarse, heredarse y venderse; superar la pobreza, garantizar la disponibilidad de vivienda asequible, y hacer viable la implantación del Plan de Desarrollo Integral de las comunidades del caño.