Ley y Orden

BAYAMON - Las causas sobre el origen del dantesco incendio en la antigua refinería Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO) son todo un misterio, al punto de que la oficialidad explora una amplia multiplicidad de enfoques que van desde el ángulo criminal tanto externo como interno, la negligencia por falta de mantenimiento y hasta la posibilidad de un error humano.

La versión oficial de las autoridades es que no han podido determinar las causas del fuego, que puede tardar varios días en extinguirse y que en momentos llegó a tener llamaradas de más de 150 pies de alto, una columna de humo de más de 20 mil pies de alto y cuya explosión inicial llegó a sentirse como un temblor de 2.8 en la escala Ritchter.

La prioridad en estos momentos es la extinción del siniestro que comenzó a registrarse a las 12:23 de la madrugada del viernes. Esa etapa que podría tardar varios días adicionales.

No obstante, EL VOCERO supo que las autoridades estatales y federales investigan la posibilidad de que si se trata de un ángulo criminal, haya existido colaboración de algún empleado de la referida empresa para que el posible autor o los autores del siniestro hayan tenido acceso al lugar.

En ese caso, las autoridades federales pudiesen radicar cargos por daños al medio ambiente y violaciones a la Ley Arson, que penaliza la provocación de incendios de forma deliberada o maliciosa a un activo físico e interferencia con el comercio interestatal.

Sobre la posible comisión de actos criminales, el director del Negociado federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli, manifestó que “hay que esperar a que esto se apague… es muy preliminar decir lo que ha ocurrido”.

A preguntas de si han entrevistado al personal que laboró en las instalaciones hasta el momento del incendio, se limitó a responder “hemos hablado con ellos”.

Igualmente, el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, recalcó que “es muy temprano” para saber el origen del incendio.

El gobernador Luis Fortuño no quiso caracterizar el incendio al calificarlo de “un incidente”. No obstante, anunció que se estableció un centro para recibir confidencias sobre el suceso.

Sobre el graffiti en el área de Minillas donde desconocido escribieron “Boom fuego! RIP Gulf Sous ACNF”, el Superintendente expresó que se estaba investigando, pero dio a entender que podría tratarse de “gente inescrupulosa” que aprovecha estas situaciones.

Desde la madrugada de ayer Figueroa Sancha descartó los rumores de que se hubiera estrellado una avioneta en el lugar.
El VOCERO supo que las autoridades trabajan en la escena para recuperar evidencia a fin de abrir las vías de rodaje que fueron cerradas por el fuego.

El FBI tiene dos turnos de 65 agentes trabajando en el suceso. Mientras, que la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), también tiene 65 agentes. Esta agencia activó una subdivisión denominada “National Response Team”, quienes determinan si hubo o no mano criminal. 

El director del ATF, Marcial Orlando Félix, observó que este grupo fue el que determinó que no hubo mano criminal en el fugo en la termoeléctrica de Palo Seco. También trabajó en la pesquisa del incendio en el hotel Dupont Plaza ocurrido el 31 de diciembre de 1986, en el cual murieron 97 personas.
 

Asimismo, participaron en la investigación tras los ataques a las Torres Gemelas en el World Trade Center.
 

Félix comentó a EL VOCERO que cuando arribó a la escena a eso de la 1:30 de la mañana. el lugar le recordó a Iraq. “Era una bola de humo, uno no piensa que eso pudiera pasar en Puerto Rico, se parecía a Irak cuando estuve allí”, comentó.
 

Las autoridades no han podido determinar la cantidad de combustible que había en los 40 tanques de almacenamiento de gasolina, diesel, combustible de aviación y el llamado bunker número seis, que se usa en las termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Al cierre de esta edición, el director de Programa de Rescate, Nino Correa, estimó en 17 los tanques incendiados.

En la Junta de Calidad Ambiental no se pudo precisar cuál era el estado de las instalaciones previo al fuego.

Por su parte, la portavoz de las Comunidades Unidas Contra la Contaminación (CUCCO), Rosa Hilda Ramos, opinó que debe tratarse de un “acto accidental por negligencia o un error humano”, por el deterioro de la infraestructura allí a la que calificó de una “cafetera vieja”.
 

“Lo que siempre han hecho es ponerle parches. Han ocurrido escapes de tóxicos en las tuberías y válvulas. Es una tecnología muy vieja lo que abría que preguntarse es si las agencias estatales y federales cumplieron con la supervisión”, dijo Ramos.

La líder comunitaria, quien por años luchó contra la refinería por los efectos en la salud y el medio ambiente, destacó que anteriormente se registró un derrame de petróleo por el paso de un huracán e incendios que no tuvieron progreso debido al incumplimiento de leyes federales. 

Además, destacó las querellas que la comunidad radicó en el pasado por problemas con las calderas.

La portavoz de CUCCO dijo que el estado de los tanques pudo ayudar a un incidente como éste, pues es una instalación vieja que “requiere un mantenimiento mayor para lograr un nivel de cumplimiento”.

“Para nosotros siempre han sido malos vecinos ambientales. La organización siempre luchó por las emisiones de la refinería ahora ese problema no existe, pero siempre estuvo presente en nuestras mentes una explosión o un derrame”, sostuvo Ramos.

Según la líder ambiental, la lucha de las comunidades comenzó en el 1991 y tomó 20 años “limpiar el aire de Cataño”. A pesar de ganar su lucha, en la comunidad permaneció el temor de un incidente de gran magnitud.

“¿Qué agencia tiene la responsabilidad de mantener a la comunidad informada para asegurar la seguridad cuando hay una facilidad que tiene un riesgo?”, cuestionó Ramos.

De otra parte, señaló que el Gobierno sólo se dedica a cumplir con las regulaciones del Homeland Security por posibles actos criminales olvidando violaciones ambientales que terminan afectando a las comunidades aledañas a facilidades como ésta.

Criticó que las autoridades se limitarán a decir que “todo estaba controlado cuando todos los posibles escenarios de una instalación que ubica cerca a una costa podrían afectar a las comunidades”.

Líderes sindicales como Ricardo Santos, Víctor M. Villalba y Federico Torres Montalvo cuestionaron la tardanza de los propietarios de Gulf en dar una explicación al País y que toda la información apunta al abandono de un efectivo programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones.

Las reporteras de EL VOCERO, Maricelis Rivera Santos, Melissa Correa Vázquez, Maricarmen Rivera Sánchez, Jackeline Del Toro Cordero y Yamilet Millán Rodríguez colaboraron en esta historia.