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Los desarrolladores del proyecto turístico Dos Mares y su némesis, el liderato de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, tras años en pugna sorpresivamente coinciden en un punto en común: los reclamos de secretividad y privilegio ejecutivo absoluto del gobernador Aníbal Acevedo Vilá son injustificados.

“Nuestra posición siempre ha sido clara: todo documento generado por el gobierno tiene que ser público, esa es la única manera que la ciudadanía tiene para fiscalizar el gobierno”, afirma enfáticamente Luis Jorge Rivera Herrera de la Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), quien por años fue una de las fuerzas motrices para que se declarase esa parte del litoral una reserva natural.

Rivera Herrera añade que tanto el IDS como otros grupos ambientalistas han apoyado por años los esfuerzos legales y públicos contra esfuerzos gubernamentales para restringir información interna de las agencias. Un ejemplo de este conflicto, dijo en entrevista telefónica con EL VOCERO, es el caso de Costa Serena en el que la Junta de Calidad Ambiental ha negado acceso público a ciertos informes de su oficina de asesoramiento científico.

De acuerdo con Rivera Herrera, la posición de IDS a favor del acceso de documentos es una abarcadora: “Todos los documentos tienen que ser públicos, y estamos hablando de documentos de cualquier índole, no sólo ambiental, siempre y cuando no ponga en peligro una investigación”.

Su colega Camila Feibelman, del capítulo de Puerto Rico de Sierra Club, coincide. “En cualquier instancia nosotros estamos a favor de que toda la información (de gobierno) sea pública”, dijo Feibelman en una entrevista telefónica por separado en la que expresó sorpresa de que el gobierno tratase de suprimir información sobre el proceso que dio lugar a que La Fortaleza declarase el CEN una reserva natural.

“No hay nada que esconder”, dijo Feibelman, quien apuntó al historial de Sierra Club en Estados Unidos en defensa del acceso a información, incluyendo su participación en el pleito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra el vicepresidente Dick Cheney y sus reclamos de confidencialidad para proteger los trabajos del panel que lo asesoró en asuntos de energía a principios de la década.

Sin tregua a la vista

Sin embargo, este consenso no significa que vaya a haber una próxima tregua entre estos contrincantes.

Justamente para la mañana de hoy jueves Feibelman ha hecho un llamado a todos los ambientalistas del país para que acudan a la sala del juez Carlos Dávila, en el Tribunal Superior de San Juan, para “que el juez comprenda el gran interés público por la conservación de la reserva natural del CEN y lo necesario de la aprobación del PIRCEN (su plan integral) de su DIA-E (la declaración de impacto ambiental estratégica).

La vista del ‘mandamus’ radicado por Dos Mares ante el juez Dávila es uno de los dos litigios que están corriendo simultáneamente ante el sistema judicial para decidir el futuro del proyecto que convertiría las 3,200 cuerdas de terreno en una reserva ecoturística.

El otro caso, ante el Tribunal Superior de Fajardo, se ha movido al Apelativo en medio de una lucha constitucional sobre el derecho del Gobernador a mantener en secreto el proceso de la creación de la reserva natural y todos aquellos documentos gubernamentales en distintas agencias, incluyendo Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales que en el pasado han sido considerados información pública.

Por su parte, los desarrolladores están tratando de movilizar a sus aliados en distintas organizaciones para obtener respaldo público a su favor en un momento en que no está definida la posición final que el gobernador electo Luis Fortuño va a tomar con respecto a la reserva natural.

Los ambientalistas “están en pie de guerra y activos. Si no nos movilizamos en todos los frentes rápidamente nos llevan el tiro de nuevo”, afirma una fuente que es parte del esfuerzo para aglutinar grupos pro-desarrollos. “En este momento ellos saben que la pelea será mucho mas difícil esta vez y por eso se están movilizando”.

De Nixon a Cheney

Irónicamente los reclamos actuales de privilegio ejecutivo de La Fortaleza son similares a los de Cheney, pero los abogados del Departamento de Justicia nunca han citado este caso prefiriendo referirse a los infructuosos argumentos de privilegio absoluto levantados hace más de 30 años por el presidente Richard Nixon en el caso Watergate.

Un hecho curioso es que Nixon perdió este argumento ante el Supremo, que ordenó que se entregase para revisión judicial las famosas grabaciones hechas en Casa Blanca, lo cual eventualmente precipitó su renuncia a la presidencia.

Feibelman, sin embargo, cuestiona las intenciones de los desarrolladores en su defensa a derechos constitucionales. “Vuelvo y repito, creo que Dos Mares escogió este asunto (de privilegio ejecutivo versus información pública) para desviar la conversación”.

Continuó advirtiendo que “lo que están haciendo (los desarrolladores de Dos Mares) es tornar las cosas para hacer parecer que hay algo mal” para tratar de impugnar el proceso de implementar la reserva natural.

La posición de Rivera Herrera y de Feibelman, sin embargo, contrasta con la de Acevedo Vilá y del secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, que tienen ante el Tribunal de Apelaciones una moción de ‘certiorari’ reclamando tal confidencialidad para el proceso del CEN que se han negado siquiera a entregar a un juez superior un índice simplemente identificando los documentos que ha generado el gobierno en este proceso y cuáles quiere mantener en secreto.

En una moción de Dos Mares tal postura del Primer Ejecutivo ha sido descrita como una de “inflexible renuencia”, contraria a la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso de Trans Ad vs. la Junta de Subastas, donde dicho foro estableció “que el acceso a favor de un ciudadano procede por el mero hecho de ser un ciudadano quien la pida. No hay que tener legitimación para incoar un caso o cualificar el reclamo a base de pertinencias”.

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