Yennifer Álvarez Jaimes y Alana Álvarez Valle, EL VOCERO
El exsenador popular Roberto Prats colabora desde hace varios meses como representante legal de Highstar Capital, entidad encargada del financiamiento de la Alianza Público Privada (APP) proyectada en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.
Aunque rehusó comentar sobre el proyecto –debido a la confidencialidad entre un abogado y su cliente–, el licenciado Prats aseguró que el acuerdo con el consorcio Aerostar Airport Holdings (Aeropuertos del Sureste y Highstar Capital) es una buena transacción para Puerto Rico.
Precisamente ayer, el gobernador Alejandro García Padilla se reafirmó en que honrará el contrato con el conglomerado ante la decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de extender hasta el próximo mes el tiempo de evaluación del acuerdo.
Aunque se esperaba una decisión para el 12 de enero, la página cibernética del Programa Piloto de Privatización de los Aeropuertos indica que la FAA espera una decisión final en febrero del 2013.
“Entendemos que es un contrato que inició y que firmó la administración pasada y yo le voy a dar credibilidad y estabilidad al Pueblo de Puerto Rico ante el mundo. Las cosas que estén bien hechas, se van a continuar”, sostuvo García Padilla.
El mandatario informó que el secretario de Estado, David Bernier, está encargado de dar seguimiento a todo lo relacionado con este APP.
“Ya hay algunas cosas que se han logrado. Por ejemplo, el acuerdo dice que no puede haber en los próximos años ningún aumento en tarifa. El acuerdo dice que los empleos de (la Autoridad de los) Puertos tienen que estar garantizados. Ahora, yo estoy trabajando bien duro en que los empleos privados también se garanticen”, insistió.
Aunque dijo que no ha recibido una notificación oficial por parte de la FAA, el designado director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP), Víctor Suárez, atribuyó el cambio de fecha a “la complejidad de la transacción y los atrasos por los feriados de Navidad”.
Además, señaló que la situación del abismo fiscal en Estados Unidos también “ha dilatado un poco el proceso”.
La transacción, que ha estado bajo la mirilla pública desde su otorgación en julio del 2012, tendrá un pago inicial de $615 millones para saldar la deuda de la AP relacionada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, que asciende a $385 millones.
Además, el acuerdo estipula que la AP recibirá otros $552 millones durante los 40 años del contrato de arrendamiento.
“En estos momentos atendemos la situación financiera de la agencia. Estamos poniéndonos al día con la situación fiscal y evaluando las deudas con el Banco Gubernamental de Fomento. También se trabaja sobre los planes de desarrollo para los aeropuertos regionales, las estrategias y negocios viables. Esperamos un análisis completo para tomar acciones”, detalló Suárez.