El gobernador electo, Alejandro García Padilla, prometió derogar la Ley conocida como ‘Tito Kayak’, mientras líderes ambientalistas cuestionaron la designación de Luis Sánchez Betances como Secretario de Justicia.
García Padilla manifestó su compromiso en una reunión con el sector ambiental del País, donde los representantes de distintas organizaciones solicitaron la derogación del Artículo 208-A del Código Penal –aprobada en septiembre del 2010– y que tipifica como delito grave de cuarto grado paralizar obras que cuentan con permisos de construcción.
El estatuto surgió a raíz de la paralización de la construcción del proyecto Paseo Caribe en San Juan, que dirigió el activista Alberto ‘Tito Kayak’ de Jesús, junto a otras organizaciones ambientalistas.
La ley se aplicó por primera vez en marzo de este año contra seis manifestantes que detuvieron los trabajos en la Finca de Viento Santa Isabel en protesta a la instalación de molinos de vientos.
“Esa ley lo que hace es limitar el derecho a la libre expresión. Eso fue abusivo por parte de esta administración”, indicó De Jesús, quien participó de la reunión sin ser invitado.
Sin embargo, José Feliciano, director ejecutivo de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), se expresó contra la derogación de la ley. “Nosotros confiamos en que el análisis pueda concluir que esa disposición se debe mantener porque ofrece una garantía de que no se obstruyan los procesos de construcción”, dijo en entrevista con EL VOCERO.
Por su parte, Alejandro Brito, presidente de la ACH, destacó que “el principal enemigo del ambiente es la pobreza” y planteó que el desarrollo es necesario según los parámetros establecidos. Sostuvo que los desarrolladores siguen los códigos que protegen los recursos y también son defensores del ambiente.
En cuanto a los programas de estímulo a la vivienda, Feliciano señaló que le proponen al nuevo gobierno mantener los incentivos actuales durante sus primeros seis meses de administración, en lo que desarrollan otros programas, para no interrumpir el avance en la venta de propiedades.
De otra parte, los ambientalistas le dejaron saber a García Padilla su oposición al nombramiento de Sánchez Betances como titular de Justicia, por este defender el controvertible proyecto Paseo Caribe.
“Tomando en consideración los proyectos o casos que él ha atendido, me parece que es completamente negativo. La Legislatura cuando le toque hacer su trabajo para aprobar (el nombramiento) debe tomar en consideración lo que esta persona defendió. Sí es legal, pero de cierta forma puede entenderse como inmoral”, señaló De Jesús.
El designado secretario de Estado, David Bernier, dijo que Sánchez Betances fue seleccionado por su carácter profesional y recordó que trabajó desde diferentes perspectivas como oficial examinador en la Junta de Calidad Ambiental y en Asistencia Legal.
“Tan abierto está el Gobernador en atender estos temas que la reunión estaba pautada para hoy (jueves) y optó por hacer la designación ayer (miércoles)”, manifestó Bernier, al finalizar la reunión que se llevó a cabo en la Fundación Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto.
Por otro lado, sobre la incineradora que se establecería en Arecibo, Bernier indicó que “él (García Padilla) estableció unos elementos básicos que se tienen que cumplir y hoy lo reafirmó frente a los compañeros ambientalistas y lo ha dicho en todas las comparecencias públicas”.
Todos los representantes de las organizaciones coincidieron en que lo más importante que surgió en el cónclave fue el compromiso de trabajar con el Plan de Uso de Terrenos en los primeros 12 meses de la administración Popular.
Al cierre de esta edición, intentos por obtener una reacción de la Asociación de Contratistas Generales, resultaron infructuosos.