EL VOCERO / Gerardo Bello
A solo minutos que la Cámara aprobara el informe de la Comisión de Ética que dispuso sanciones contra el representante José Luis Rivera Guerra, el gobernador Luis Fortuño anunció que referirá el caso del legislador a la consideración del Departamento de Justicia y al Directorio del PNP.
“Más allá de la jurisdicción de la Cámara de Representantes para juzgar la capacidad de sus miembros para ejercer sus facultades como legisladores, yo, como Gobernador, tengo la obligación de asegurar que todos los funcionarios públicos hayan cumplido con la ley. Así pues, tal como lo he hecho en el pasado en otros casos, estoy refiriendo este caso al Departamento de Justicia para su evaluación en cuanto a posible comisión de delitos”, expresó Fortuño.
“Yo también tengo una obligación de que todos los aspirantes bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista representen los más altos valores y estándares de lo que debe ser un servidor público. Voy a someter a la consideración del Directorio del Partido para que evalúe ese otro ángulo, los hechos relacionados al representante José Luis Rivera Guerra”, dijo Fortuño a EL VOCERO.
El Gobernador adelantó que el Directorio del PNP se reunirá a mediados del próximo mes.
Horas antes, la presidenta de la Comisión cameral de Ética, Liza Fernández, hizo público el informe sobre la investigación contra Rivera Guerra, quien a pesar de las imputaciones de irregularidades con la construcción de sus casas, el pago de agua, luz e impuestos municipales, no será expulsado.
La Comisión determinó darle una reprimenda pública e imponerle una multa de diez días de dieta, un equivalente a $1,620.
Luego de determinar que no hay irregularidad en el hecho de que el representante no pague agua ni luz y construyera al menos una de sus viviendas – la de Aguadilla – sin los debidos permisos, la mayoría novoprogresista decidió multarlo por ser negligente.
Fernández dijo que Rivera Guerra puso en manos de un ingeniero tramitar los permisos de su vivienda y que este proceso no se completó. Entonces, determinaron que fue el legislador negligente al no asegurarse de que este ingeniero completara el trámite con las oficinas de permiso.
“El cumplió con su parte, pero fue negligente al no dar seguimiento al ingeniero. Constituiría delito menos grave y sería la primera persona en la historia de ARPE a quien se le imputa un delito por falta de un permiso de construcción”, dijo Fernández. “El 40% de las construcciones privadas en Puerto Rico están construidas sin permiso… esta Comisión le ha imputado falta de diligencia”.
Los populares en la Comisión – aunque estuvieron divididos en algunas determinaciones – coincidieron en que el representante debía ser expulsado por no pagar el CRIM ni la sobretasa impuesta al aprobar la Ley 7 en 2009. Esto, dijeron, constituye un delito grave que conlleva expulsión de la Cámara. Tanto populares como novoprogresistas estuvieron de acuerdo en que la casa de Moca del representante no viola ninguna ley ni reglamento.
Sobre el hecho de que no paga agua ni luz, la investigación que se extendió durante toda la semana pasada, arrojó que el representante en efecto no es abonado ni de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ni de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sobre esta última, indicaron que el concepto de “arrimo” no es ilegal. El representante ha dicho que su casa está conectada al servicio de luz de un familiar. Según Fernández, la AEE no determina el arrimo como ilegal, sino que no lo favorecen por no considerarlo seguro. En estas instancias, dijo, se les impone una tarifa comercial para disuadirlos de tener esta conexión.
Según Fernández, este tipo de “arrimos” para obtener servicios de agua y luz son muy comunes “en los campos” y, dijo, en lugares como La Perla en el Viejo San Juan.
“Quizá los que vivimos en la ciudad se nos hace difícil entender, pero la gente del campo les pueden decir, y lo vemos constantemente y saben de lo que se está hablando y no es ilegal siempre que se registre el consumo. En este caso, la AEE dijo que se registra el consumo y que no hay hurto de energía”, indicó.
El informe detalló además que Rivera Guerra no falló al no pagar el CRIM por la vivienda de Aguadilla.
Dice el informe que “la responsabilidad contributiva es de la persona a nombre de quien aparece la propiedad y que la casa de Aguadilla no podía pagar CRIM hasta que se segregara. Se segregó en septiembre de 2011 y a partir de entonces comenzó el proceso para inscribirlas”.
Fernández insistió en que los funcionarios de las diversas agencias dijeron a la comisión – donde comparecieron bajo juramento – explicaciones diferentes a las que ofrecieron públicamente.
“Hubiera sido bien fácil dejarnos llevar por la presión pública y la opinión pública y ordenar que se expulsara al legislador aun cuando la Constitución establece las razones específicas por las cuales un legislador puede ser expulsado que son alta traición, soborno, delito grave o menos grave que implique depravación moral”, dijo Fernández. “Nos tocó a nosotros pasar lo que pasaron los jueces que tuvieron ante sí la prueba contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá o la juez que tuvo ante sí la prueba contra el exgobernador Pedro Rosselló”.
Toma agua de una manguera
Fernández y el resto de los novoprogresistas en la Comisión de Ética presentaron el informe ayer en una conferencia de prensa. En la misma indicaron que Rivera Guerra no era cliente ni de la AAA ni de la AEE. Entonces, ¿cómo obtiene agua en su residencia de Aguadilla?, se le preguntó a la Presidenta.
“Por una cisterna”, dijo Fernández. “No es ni la primera ni la última persona que hace esto”.
¿Cómo se llena la cisterna?, se le preguntó.
“El representante dice en su escrito que ocasionalmente de una manguera de alguna persona que le provea el agua”, dijo Fernández. “No hay conexión ilegal por parte del representante a la AAA y te puedo decir que en esa determinación no hubo objeción por parte de la minoría”.
Dividida la votación popular
Los populares se abstuvieron en este asunto porque – explicaron – no se les permitió entrevistar a las personas a quienes Rivera Guerra está arrimado para recibir el servicio. Aunque la explicación de la manguera está en el documento escrito que presentó Rivera Guerra, el portavoz popular Héctor Ferrer recordó que el mismo no está juramentado y que Rivera Guerra no se sentó a testificar ante la Comisión.
“No hay prueba de que llenaba la cisterna con una manguera. Lo que surgió es que es una derivación, una desviación pero es algo que no se pudo aquilatar porque los inspectores no fueron citados”, dijo Ferrer. “En ese asunto nos abstuvimos”.
Los tres populares en la comisión – Ferrer, Brenda López y Luis Vega Ramos – coincidieron en que el representante debía ser expulsado por no pagar el CRIM, lo que sería un delito grave. Los tres acordaron además que no había irregularidades en la vivienda de Moca.
En el asunto del permiso de uso, Ferrer estimó que se trataba de un asunto menos grave mientras los otros dos estimaron que era un delito grave por la acumulación de los años. En el tema del agua se abstuvieron mientras en el asunto del arrimo para la luz, estuvieron de acuerdo en que se trata de un delito menos grave, lo que no conllevaría la expulsión.
El reglamento ético de la Cámara estipula que, como resultado de una querella ética contra un representante, este puede recibir las siguientes sanciones: amonestación, reprimenda pública, voto de censura, multa que puede ir desde 1 hasta 15 días de dieta y, por último, un proceso de expulsión.
