Según el más reciente informe del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), tan pronto como en el próximo año fiscal 2013-2014, el Sistema de Retiro de Empleados Públicos Puerto Rico se quedará sin fondos suficientes para cubrir sus obligaciones, ya que sus activos netos se agotarán.
Para enfrentar esto, el BGF adelanta próximamente el gobierno le presentará al país una reforma abarcadora, lo cual significa que habrán medias drásticas en la que todos los sectores económicos tendrán que hacer su aportación.
Al 30 de junio del 2011, los Sistemas de Retiro cargaban un déficit actuarial de $35,260 millones. Por cada dólar en beneficios pagaderos bajo el Sistema de Empleados Públicos, sólo tienen 6 centavos para pagarlos y por cada dólar en beneficios pagaderos bajo el Sistema de Maestros, sólo tienen 20 centavos para pagarlos.
Por décadas, el Gobierno y los empleados gubernamentales no han aportado las cantidades necesarias para poder sufragar el costo de las pensiones pagaderas a los jubilados y los que están por jubilarse. Como resultado de esto, Retiro tiene la proporción de activos a pasivos más baja de todos los sistemas de retiro de empleados gubernamentales en los Estados Unidos y no tendrán los recursos necesarios para pagar sus obligaciones a los retirados.
Se proyecta que para cumplir con los pensionados, por los próximos 26 años el Gobierno (gobierno central, corporaciones públicas y municipios) tendría que inyectarle anualmente cerca de $2,850 millones a los Sistemas, dinero que no existe. En el año fiscal 2012, el Gobierno solamente proveyó 32% de la aportación anual recomendada.
Más allá del Gobierno no poseer el recurso económico en el Fondo General para incrementar su aportación al Sistema, el problema se agrava ante una amenaza inminente de nuevas degradaciones del crédito de Puerto Rico.
La agencia clasificadora Moody’s, en su informe del 13 de diciembre de 2012, degradó el crédito de Puerto Rico a un nivel por encima del comúnmente denominado “chatarra”.
Moody’s advirtió: “una reforma del Sistema de Retiro es necesaria para evitar el agotamiento de los activos del Sistema y comprometer los recursos del Fondo General en el futuro”.
Según el Informe, una degradación del crédito imposibilitaría que el Gobierno continúe financiando sus operaciones como de costumbre y sería catastrófico para el diario vivir de cada puertorriqueño, ya que el Gobierno no tendría los recursos para continuar prestando todos los servicios gubernamentales a los que los ciudadanos están acostumbrados; no podrían pagar los salarios de todos sus empleados; ni cumplir con las obligaciones incurridas con todos sus proveedores de servicios y materiales; no podrían seguir haciendo ni tener dinero suficiente para pagar las pensiones de los empleados retirados.
Según el informe, la crisis de los Sistemas de Retiro ya no es el problema exclusivo del empleado público que espera poder disfrutar de un retiro; es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad puertorriqueña y al diario vivir de cada ciudadano de este país. Mientras más tiempo pasa sin resolverse, más se empeora la insolvencia de los Sistemas y el impacto social adverso que tendría cualquier solución implantada.
De manera contundente también se plantea que dada la necesidad del Gobierno de poder financiar sus operaciones y obras de capital mediante el financiamiento que se obtiene en los mercados financieros y la fragilidad del crédito y su clasificación actual, es necesario resolver esta crisis con premura. Habla de buscar soluciones bien pensadas y representen una solución justa y permanente al problema.
El Informe enumeró entre las principales causas de la crisis las aportaciones inadecuadas, el impacto de leyes especiales que concedieron beneficios adicionales a los provistos originalmente, programas de retiro temprano, cambios en la expectativa de vida de los participantes, programa de préstamos personales y la emisión de bonos de obligaciones de pensiones.
Próximamente, el gobernador Alejandro García Padilla presentará las estrategias que encaminarán para atender el problema, y la responsabilidad económica que tendrá que asumir cada uno de los sectores económicos.