En momentos en que apremia el tiempo para que los proyectos sean vistos en esta sesión de la Cámara de Representantes, se intensifica la lucha por la aprobación o denegación del Proyecto del Senado 2520, que busca reglamentar la venta de pollo en el País y crear una oficina de inspección de la carne de pollo, principalmente, la venta de pollo congelado.
A esta pugna se une el Colegio de Agrónomos, quien a través de su presidente, Damián Rivera, avaló la medida, por entender repercutirá en la creación de alrededor de 4,000 a cinco mil empleos en un término de cuatro a cinco meses. A ello agregó que la permanencia de esta industria, a través de una competencia justa y leal, representaría garantías de producción alimentaria y el devolverle al País una producción local que en los años 80 acaparaba el 50% de toda la demanda de pollo fresco del País, cifra que se ha reducido a un 16%.
Sostuvo, además, que en países como China e India, cerca de mil millones de ciudadanos han logrado ascender de clase pobre a clase media, lo que aclaró se traduce en una población que mejora sus condiciones de alimentación, lo que aumenta la demanda de productos como el maíz y por ende encarece más las producciones de alimentos. Ante esta realidad, mencionó ser fundamental que la Isla siga produciendo sus propios productos alimentarios y logre reducir la importación, que hoy ocupa el 85% de todo lo que se consume localmente.
A este argumento, Francisco Norat, presidente de AVICAPI, Asociación de avicultores Canto Alegre Picú, agregó que este proyecto tiene que verse en la Cámara en esta sesión, ya que las dos grandes preocupaciones: alza en precios al consumidor y carga económica por el presupuesto del País, son inexistentes.
Aclaró que la medida lo que trata de proteger es la calidad de productos que se vende localmente y el cobro de un precio justo para el consumidor. Según Norat, el pollo importado que hoy se vende en la Isla como fresco a unos 89 centavos la libra, es adquirido por los importadores a unos 40 centavos la libra, cifra que se le aumentarían los 18 centavos de la transportación a la Isla, vendiéndose al detallista en unos 65¢ a 70¢, lo que a precio del consumidor no debería llegar ni a los 75¢ la libra, por lo que en la actualidad, alegadamente el precio ya está inflado.
“El pollo fresco en los EE.UU. se vende a 94.5¢ la libra, si se le añaden los 18¢ de la transportación, se eleva el precio a cerca de $1.13 la libra y a eso añadirle la ganancia del importador, por lo que a nivel del consumidor su precio deberá estar fluctuando entre los $1.25 la libra a $1.35 la libra, precio superior al que posee nuestro pollo fresco del País, un pollo que lo sacrifican y rápidamente va a las neveras, contrario a lo que se está vendiendo hoy como fresco, que en ocasiones tiene hasta 13 días de sacrificado. El consumidor lo que tendrá con este nuevo proyecto es la oportunidad de pagar un precio más bajo por un producto de inferior calidad o un precio un poco más alto por un producto de primera calidad. Esa determinación la tomará el consumidor acorde con su presupuesto. A la misma vez, se le permite a la industria local competir en igualdad de condiciones. Aquí no nos oponemos a la importación, sino a que se engañe al consumidor”, afirmó Crespo.
En un sentido muy similar se expresó, Pedro J. Vivoni, presidente de Acción y Reforma Agrícola, quien igualmente avala el proyecto por entender que representa creación de empleos, aumento en consumo, y le permite a los importadores aumentar su capacidad de compra y con ello lograr abaratar los costos de producción al lograr mejores precios en medicinas y granos. A ello sumó, que también se traduce en mejor salud para el Pueblo.
Todos los deponentes coinciden en que detrás de los detractores de este proyecto lo que existe son intereses estrictamente económicos, por lo que emplazan a la presidenta de la Cámara, Jenniffer González a que obligue a que se vea el proyecto, del cual existen ya las ponencias en el Senado, lo que entiende agilizaría el proceso.
Por otra parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto se encuentra en la actualidad analizando los números para determinar la viabilidad de la oficina, análisis que deberá estar listo para este fin de semana.
Mientras tanto, el Departamento de Agricultura aseguró que los gastos operacionales de dicha Oficina se sufragarán durante el primer año mediante la asignación del dos por ciento del total de los recaudos del último año fiscal del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agropecuario (FIDA). Al año siguiente la asignación se reducirá al uno por ciento de los recaudos de FIDA. Después, no se otorgará ninguna aportación gubernamental para el funcionamiento u operación porque operará con fondos propios. Sobre $200 mil el primer año y sobre $100 mil el segundo año. La cifra no es una fija debido a que está sujeta al ingreso producido por el arbitrio del café y el azúcar que se importa a PR. Después del segundo año, conforme al proyecto de ley, la oficina deberá ser autosuficiente y sus gastos provendrán de aportaciones de los productores y plantas de pollo de Puerto Rico.