Domingo 19.05.2013

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Sin vigilancia del Estado

Industria de la seguridad privada en la Isla opera por la libre sin controles o supervisión adecuada

Luis Reyes Pagán, de la empresa G4S Security Solutions,estimó que cerca de 30 mil personas laboran en la industria de la seguridad privada en Puerto Rico. EL VOCERO/ Tania Dumas

La ley que rige la vigilancia privada en Puerto Rico necesita una revisión total ante la gran cantidad de irregularidades que ponen en riesgo la seguridad y protección de los ciudadanos, asunto que será analizado por la Comisión de Seguridad del Senado.

Según la opinión de varios representantes de empresas que brindan estos servicios, faltan mayores controles de supervisión tanto para las compañías de guardias de seguridad como para sus más de 30 mil miembros que actualmente se encuentran trabajando en las diferentes facetas del servicio.

“Esto es una cuestión histórica. La Ley de Seguridad Privada del 26 de junio de 1965 está obsoleta hoy en el 2013 porque carece de regulaciones y lo único que dice es que para establecer una compañía de guardias de seguridad solo se necesita una licencia de detective privado. No hay una regulación de como se debe regir este tipo de negocio y a nivel mundial la seguridad es un tema de alta prioridad”, comenzó a explicar Luis Reyes Pagán, de la empresa G4S Security Solutions.

“La cantidad de personas que manejan la seguridad privada en Puerto Rico es el doble de la que brinda el Estado. Hay aproximadamente 15 mil policías y más de 30 mil guardias de seguridad privados registrados. Como no hay una regulación hacia las compañías, con la obligación del pago de horas extras y otros beneficios, esto se presta para la creación de compañías fantasmas que solo cogen contratos por un corto periodo de tiempo y luego desaparecen sin pagar las deudas a sus guardias o al propio Estado”, denunció Reyes Pagán.

Sobre esto último, el entrevistado aseguró que hay muchos casos donde estas empresas de nueva creación, licitan en subastas gubernamentales y como ofrecen servicios a bajo costo –sin tener ni la experiencia o capacidad para cumplir– se declaran en quiebra, cambian de nombre y dejan a todos sin cobrar.

“¿Te acuerdas aquello que denunciaron sobre las compañías de sellado de techo; que tú las contratabas y después se iban sin hacer el trabajo o darte garantías? Así mismo pasa en este negocio. Entonces a las empresas como la mía, que tenemos una amplia representación tanto en la Isla como en otros países, nos vemos desventajados por la ineficiencia de la Ley que ya está obsoleta y que permite que cosas así sucedan. Requerimos pronta acción legislativa al respecto”, exigió el oficial.

Por su parte, el excoronel de la Policía, Benjamín Rodríguez, quien ahora pertenece al grupo administrativo de la empresa Capitol Security, coincidió con Reyes en muchos de los puntos expuestos y añadió que la Uniformada debería estrechar más lazos de comunicación con este sector laboral, ya que podría ampliar las labores de vigilancia e intervención que hace el Estado.

“Debe haber en la Policía mayor comunicación con las compañías y guardias de seguridad. Somos los más accesibles en todos los lugares y si se amplía nuestro marco de participación se podrían combinar todos los trabajos para el bien de la propia Policía y, por ende, para el Pueblo.
También recomendaría mayor rigor investigativo para verificar la solidez y veracidad de las compañías de recién creación, que en muchas ocasiones cierran operaciones un día y al siguiente abren con el mismo personal administrativo pero con otro nombre. Ahí es que se ve mucho el asunto de la falta de pagos a los guardias por horas extras y otros beneficios. Se van y los dejan con esa deuda”, destacó el experimentado oficial retirado con 32 años en la Policía y uno como Jefe de Bomberos.

Ante estas denuncias, el Presidente de la Comisión senatorial de Seguridad confirmó a EL VOCERO que tan pronto se le haga el acercamiento para realizar una investigación al respecto, él estará dispuesto a llevarla a cabo.

“Hay que evaluar la Ley para los guardias privados, porque cada 20 a 25 años existe una nueva generación poblacional con unas necesidades particulares que no fueron contempladas hace 35 o 40 años. Toda Ley hay que evaluarla para ponerla conforme a los cambios sociales. Si ellos –los dueños de compañías de seguridad privada– quieren reunirse conmigo, no tengo ningún problema en atenderlos, porque sí entiendo sus necesidades”, sostuvo Miguel Pereira.

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