El gobierno someterá legislación para enmendar la Ley 154 que impone un impuesto escalonado a las empresas foráneas, con el fin de establecer un 4% de arbitrio fijo por los siguientes cinco años a partir del próximo año fiscal que comienza en julio.
Hoy se reunirá el gobernador Alejandro García Padilla con representantes de ambos cuerpos legislativos para que se acelere el trámite y aprobación de la medida, que busca salvar la caja del Estado Libre Asociado (ELA) y recuperar la confianza de los mercados de inversión.
Esta y otras estrategias fueron presentadas hoy por la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta; el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, y por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, quienes volvieron a estimar la situación fiscal de Puerto Rico como una peor de lo que había hace un año.
“Tenemos que poder tomar unas acciones difícles para impulsar el desarrollo económico”, recalcó Ferrer, y agregó que la situación económica del gobierno muestra “un escenario mucho más complicado que el año pasado”.
Acosta, a preguntas de la prensa, dijo que no se puede establecer el 4% como un arbitrio a perpetuidad ya que no haría viable su aplicabilidad contruibutiva en Estados Unidos para las empresas foráneas.
Los funcionarios insistieron que esta es la primera de varias medidas económicas que próximamente informarán a las casas clasificadoras de crédito y a los bonistas para mejorar el ambiente crediticio del ELA. Éste se vió seriamente lesionado los últimos dos trimestres de 2012 tras la ola de degradaciones por parte de las agencias Moody’s y Fitch, en unos casos llevaron varios bonos a un paso del crédito chatarra, y en otros los colocaron a nivel de crédito basura. Está pendiente un informe de Standard & Poor’s.
Acosta informó que una vez aprobada la enmienda, el resultado de los recaudos por el arbitrio a las empresas foráneas deberá aumentar. Lo que se aplique a lo que queda de este año fiscal que vence en junio 30 –si se hace de manera inmediata- llevará los recaudos de $1,570 millones a $1,815 millones. Ya para el fiscal 2013-2014 será mayor.
Parte de esos recaudos se destinarán para reducir el déficit millonario de los Sistemas de Retiro, que es el principal responsable de las degradaciones de crédito del ELA. Acosta dijo que no podía estimar qué por ciento iría a Retiro, porque es algo bajo evaluación.
Tras la revisión en la proyección económica de la Isla por la Junta de Planificación y los alegados estimados inflados de recaudos, el déficit del gobierno ahora es mayor y a diciembre pasado hubo $258 millones menos que no entraron a la caja de Hacienda. Esto mantiene más apretada las finanzas públicas, con lo cual también está trabajando OGP, para reducir gastos hasta junio y poder configurar una nuevo presupuesto para el siguiente año fiscal, señaló Rivas. El gasto del ELA se estima en unos $9,000 millones.
Toda esta situación se complica ante la imposibilidad de acudir a los mercados a traficar los bonos del ELA o a refinanciar (como ya había adelantado EL VOCERO). Están pendientes una emisión de $300 millones de Cofina y otros $700 millones en refinaciamiento de deuda, que no se han podido hacer.
Ferrer explicó que “la situación es mucho más seria”, y aceptó que ir a mercado en las condiciones actuales significaría pagar mucho más y no hay el dinero. Mencionó que el interés debe estar sobre el 6%, lo cual es alto.
“Para ir a mercado necesitamos una serie de iniciativas”, sentenció Acosta, quien mencionó los recaudos del Impuesto de Venta y Uso (IVU) igualmente están por debajo de lo estimado. En entrevista previa Acosta informó a este diario que están recibiendo $95 millones por mes y no los $115 millones que estimaba el anterior gobierno.
Sobre el IVU, insistió que desea llevar la captación al 80% (actualmente está cerca del 60%) lo cual significa $380 millones más que ahora.