Mayor estrechez económica por posposición de despidos

SAN JUAN- El gobierno compensará los 60 millones de dólares que costará la repentina posposición de unos 7,000 despidos con recursos del Fondo de Estabilización o con los recaudos que genere el fisco si continúa su ritmo ascendente.

“Lo que estamos haciendo es adelantando fondos del Fondo de Estabilización que se iban a utilizar más tarde en el año... o con ahorros de gastos, o si continúa el aumento en recaudos que hemos tenido este año”, dijo a Prensa Asociada, Carlos García, presidente de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), quien resaltó que durante los primeros tres meses de este año fiscal se han recaudado sobre 20 millones de dólares más a lo que se estimó.

Aunque reconoce que la decisión anunciada la noche del martes pone al gobierno en una situación difícil, García explicó que la JREF optó por aplazar la vigencia de los despidos hasta enero porque entendieron que hubiese sido mayor el impacto económico de continuar con los litigios de empleados que impugnaron sus cesantías en los tribunales.

“Obviamente, nos va a poner en una situación de estrechez mayor, pero el costo de haber continuado (por la vía judicial) puede ser mucho mayor. Te podría costar 30 millones de dólares por cada mes adicional que se pospongan las decisiones” de implantar las cesantías, abundó el funcionario.

Reconoció que la determinación pone sobre el gobierno “más presión en los ahorros y los recaudos”, pero aseguró que se están tomando medidas para evitar que la poca liquidez en el Departamento de Hacienda afecte el pago de nómina o del próximo Bono de Navidad o la compensación a los suplidores.

El martes, a sólo tres días de que entraran en vigor la mayoría de los cerca de 15,000 despidos de la segunda ronda, la JREF pospuso hasta enero el despido de 7,191 empleados públicos en las agencias en las que no se siguieron las disposiciones de la Ley 7 de emergencia fiscal en torno a la notificación de las cesantías.

Al preguntársele sobre los motivos por los que el plan de despidos no se implantó debidamente, el también Presidente del Banco Gubernamental de Fomento relevó de responsabilidad al grupo de siete empresas a las que se les otorgaron contratos por “varios millones” de dólares para que asesoraran al gobierno en el proceso. En cambio, apuntó hacia los jefes de agencia.

“La decisión que hemos tomado con las notificaciones no tiene nada que ver con el apoyo que se ha estado trabajando en los planes de mitigaciones. La responsabilidad es de cada uno de los secretarios y sus equipos de trabajo”, sostuvo al destacar que las compañías contratadas sólo asesoraron en el área de mitigación y no de notificación.

Rechazó que la ejecución del plan haya sido ineficiente, y explicó que los tribunales han hecho una “interpretación más estricta de lo que dice la letra específica” de la Ley 7 de emergencia fiscal sobre el proceso de notificación.

García precisó que hasta el momento se han identificado 1,200 millones de dólares en ahorros, de los $2,000 millones que tiene que economizar el gobierno durante el presente año fiscal, que culmina el 30 de junio.

García aclaró que los 2,000 millones de dólares en ahorros no se materializarán este año, pero sí hay que identificar su procedencia.

La Ley 7 dispone como objetivo establecer “un plan de emergencia dirigido a reducir en 2,000 millones de dólares los gastos operacionales y de nómina pagaderos del Fondo General para el año fiscal 2009-2010”.

“Es un reto, pero los 2,000 millones de dólares no es un requerimiento en un año fiscal. No todo se va a poder materializar este año”, reconoció.

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