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Académico reclamo judicial de SPU para revertir despidos

SAN JUAN- La jueza superior de San Juan Rebecca de León desestimó el miércoles una demanda de Servidores Públicos Unidos (SPU) impugnando los despidos de 3,000 empleados que representan en nueve agencias del gobierno, informó la portavoz de la Administración de Tribunales, Valerie Mercado.

El litigio civil se tornó académico luego que el gobierno pospuso el martes hasta enero los despidos de 7,191 empleados unionados.

“Este gobierno nunca ha querido reconocer a las uniones y por eso ha cometido muchos errores. Ahora han tenido que reconocernos y echar hacia atrás su plan de cesantías. Hacemos un llamado al Ejecutivo y a los legisladores para que analicen y aprovechen estos dos meses para que juntos busquemos las alternativas que ayuden a resolver el problema de recaudos y que eviten de una vez y por todas las cesantías en el gobierno”, indicó la presidenta del sindicato, Annette González, en comunicado de prensa.

“SPU no descansará hasta lograr revertir completamente este proceso de cesantías y seguiremos luchando hasta conseguirlo”, agregó.

El pleito, encabezado por González, presidenta de SPU/AFSCME, Concilio 95, buscaba específicamente que el Tribunal de San Juan ordenara excluir del plan de cesantías a los empleados con más de 13 años y medio de servicio, que se despidieran a los trabajadores transitorios o irregulares antes que los regulares, que se celebraran vistas en aquellos casos en los que se impugnó el criterio de antigJuedad y que se notificaran debidamente las cartas de despido.

La posposición de las cesantías obedeció a que la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal reconoció que no se notificó debidamente sobre los despidos a las uniones que representan a los trabajadores.

González afirmó que las actividades “en contra de este atropello siguen en pie y como pueblo tenemos que unirnos más, para impedir que estas cesantías se cumplan en enero”.

Las agencias codemandadas fueron: los departamentos de la Familia, de Transportación y Obras Públicas, de Recursos Naturales y Ambientales, Corrección y Rehabilitación y el de Asuntos del Consumidor.

Además, figuraron la Administración de Rehabilitación Vocacional, la Comisión de Servicio Público, el Instituto de Ciencias Forenses, la Administración de Instituciones Juveniles, y la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, a cargo de la ejecución de la Ley 7 de emergencia fiscal.

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