En la Legislatura está bajo evaluación el Proyecto de la Cámara 1948, que pretende eliminar la Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes, para crear una nueva legislación que no obligue a los padres a vacunar a sus hijos. No obstante, la medida ha recibido opiniones a favor y en contra.
La pieza legislativa, de la autoría de la representante popular Sol Higgins Cuadrado, propone la derogación de la Ley 25 de 1983, para crear la nueva Ley de Vacunación de Estudiantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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“Con el fin de prevenir enfermedades a través de la vacunación a la población estudiantil del sistema educativo público y privado de cinco a dieciocho 18 años de edad. Establecer las exenciones a la vacunación, proteger los derechos constitucionales y libertades fundamentales de los ciudadanos, entre ellas los derechos parentales y la libertad religiosa”, lee el PC 1948.
La representante Higgins Cuadrado indicó a EL VOCERO que el proyecto nace tras las vacunaciones masivas que se hicieron durante la pandemia del covid-19, aunque buscan abarcar las vacunaciones que se realizan a menores de cero meses en adelante.
“Tenemos nuestras opiniones, pero obviamente hay información científica que sostienen las versiones de los que se vacunan y los que no se vacunan. Cada uno entiende que tiene una explicación científica, así que para mí es el momento idóneo para tocar este tema para que realmente podamos discutir y ver cuáles son esos argumentos de cada uno para que la gente esté orientada e informada”, expresó la legisladora popular.
Aunque Higgins Cuadrado apoya las vacunaciones, mencionó que sometió la medida porque en su distrito no solo representa a los que piensan como ella, sino que también representa a los que se oponen.
“En mi caso yo soy una madre que me vacuno y vacuno a mis hijos, obviamente dentro del proyecto hay personas que son coautores que entienden que la vacuna no puede ser obligada y todas opiniones se respetan y la intención de este proyecto es que todos puedan decir su opinión y que podamos discutir el tema que es tan importante”, argumentó.
Por su parte, la representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos -quien es coautora de la medida- dijo a EL VOCERO que es necesario hacer una evaluación de la ley actual.
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“Desde 1983 no se revisa la ley de vacunación y en Puerto Rico la ley de vacunación es compulsoria y no le da esa discreción a los papás, lo que obviamente violenta los derechos parentales de escoger qué tratamiento preventivo le dan a su niño. Hace décadas lo que se le ponía a un niño eran ocho vacunas, ahora se le pone, entre dosis y refuerzos, estamos hablando de 76. Muchas de estas contienen mercurio, aluminio y son productos que se añades al cuerpo y el cuerpo no los elimina”, resaltó Burgos.
Para la legisladora de PD, el gobierno no debe intervenir en lo que en su opinión es una prerrogativa de los padres.
“El que quiera vacunar a su hijo, que lo vacune y el que no lo quiera vacunar, que no lo vacune y el que quiera ponerle unas sí y otras no, que también tenga el derecho. La libertad parental es constitucional y va por encima del Estado”, enfatizó.
Voces en contra
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, quien es miembro de la Comisión de Salud del cuerpo cameral, no apoya esta medida por distintas razones, principalmente porque le parece irrelevante.
“Yo me opongo al proyecto de ley, yo creo que es innecesario cambiar la política pública. Yo estoy consciente que en este tema hay dos visiones, hay que reconocer ese derecho a objetar y entiendo que con la estructura legal que hay en Puerto Rico se permite esa gestión”, expresó a EL VOCERO.
“Cuando comparas el proyecto y lees la ley actual hay balance. Puerto Rico lleva décadas de política pública, de vacunación sostenida por datos científicos, por análisis de salud pública, por prevención y control de las enfermedades. No es necesario derogar la ley y cambiar toda una política pública a una nueva visión que me parece que no es la correcta”, abundó el representante del PIP.
En vistas públicas, el Departamento de Salud manifestó su postura en contra de la medida que propone dejar en manos de los padres la decisión de vacunar a sus hijos desde cero meses hasta los 18 años.
“No entendemos porqué la presente legislación pretende dejar fuera de los requisitos de vacunación a los estudiantes preescolares y a aquellos niños más pequeños que asisten a centros de cuido. Se reconoce que son los más pequeños (menores de cinco años) quienes tienen mayor riesgo de complicaciones con la mayoría de estas enfermedades”, lee la ponencia.
“Debemos asegurar una política sobre vacunas apropiada y racional que proteja la salud de todos y no podemos permitir un sistema que desaliente la vacunación, aumentando los riesgos para los niños que necesitan protección. Por todo lo antes expresado, el Departamento de Salud no endosa el Proyecto de la Cámara 1948”, finalizó la ponencia firmada por el secretario del DS, Carlos Mellado.
La autora de la medida indicó que faltan cuatro vistas públicas más, por lo que contemplan estar en este proceso hasta marzo.
