El sistema de salud del País se apresta a transitar otro periodo de negativa disparidad en las tarifas del Medicare Advantage para 2025, el segundo año de puesta en vigor del nuevo modelo de ajuste de riesgo de un programa al que están adscritos cerca de 660 mil puertorriqueños.
Esta población de personas que aportaron por décadas al Seguro Social para un retiro y un servicio de salud digno y de calidad, es la afectada directa, junto a sus proveedores, de toda medida atinente al Medicare.
Pero en una insólita decisión –que se suma a la cultura de discrimen con que históricamente forja Washington casi todas sus políticas relacionadas con la Isla – el Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) acaba de ratificar la disparidad en las tarifas del Medicare Advantage para Puerto Rico.
Tiene el agravante de que, en la presente coyuntura, este “dictamen” del CMS acarrearía un déficit adicional de $400 millones en Puerto Rico, atado a los recortes en los pagos y el impacto de la inflación tanto en los costos de los servicios como en los precios de los medicamentos, como reseñó ayer EL VOCERO.
Múltiples sectores, empezando por el gubernamental, han documentado cómo contribuye a hacer cada vez más vulnerable nuestro sistema de salud el hecho de que al País solo se le haya aprobado el aumento estándar de 3.7 % en las tarifas para 2025.
Si bien es ese el promedio de aumento para todas las jurisdicciones estatales y territoriales, la realidad es que el mismo no es suficiente aquí, porque acentúa la inequidad en momentos en que Puerto Rico es mantenido con una estructura tarifaria 39 % por debajo de los estados y 21 % menor que la de Islas Vírgenes estadounidenses.
Esto agrava otras desventajas, pues mientras a nivel de Estados Unidos el presupuesto anual per cápita para los servicios de salud de la población es de $14,200, en Puerto Rico esa partida no supera los $5,200.
Si como un acto de justicia, las autoridades federales tan solo equipararan las tarifas del programa con las de Islas Vírgenes, nuestro país recibiría un incremento de entre $1,000 millones y $1,200 millones anuales, según explicado por el secretario de Salud, Carlos Mellado.
La determinación del CMS obvia las precariedades que se viven en nuestro sistema de salud, que le fueron explicadas de manera conjunta por los sectores público y privado de la Isla para que fueran tomadas en cuenta en sus evaluaciones y en el proceso decisional en torno a las tarifas.
En Washington obstinadamente obviaron el hecho de que mantener la disparidad coloca en un estado mayor de vulnerabilidad la salud de nuestra población de la tercera edad, al tiempo que aumenta la presión sobre la clase médica.
Como explica a EL VOCERO la economista Odalys Arroyo, gerente de Advantage Business Consulting y quien lideró el estudio encomendado por el gobierno y el sector privado sobre el impacto de la disparidad tarifaria, la decisión del CMS es devastadora, además, porque puede desencadenar escasez de profesionales de la medicina y dejar un mercado laboral de muy bajos índices salariales.
Es necesario que la colaboración multisectorial demande hacia una reconsideración sobre las tarifas del Medicare, como lo ha venido haciendo hasta ahora; pero toca ahora subir el volume al máximo, porque desafortunadamente el reclamo ha caído en oídos sordos.
Nuestros beneficiarios no piden privilegios ni un favor. Lo que esperan es que se les reconozca su derecho a la equiparación, porque esto de los servicios de Medicare es un beneficio que ellos han trabajado; algo a lo que ellos han aportado, igual que los de cualquiera otra jurisdiccion estadounidense.
El gobierno federal debe comprender que un reclamo como este, llevado ante una instancia de poder que se llame democrática y con sentido de justicia social, no debiera recibir escollos, sino apertura.
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