Posee un Bachillertao en Información y Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, así como un minor en Lenguas Extranjeras con especialidad en Portugués. También, cuenta con una Maestría en Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad del Sagrado Corazón. Se especializa en temas económicos, financieros y científicos.
El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (Ctmapr) presentó una querella contra una funcionaria del Departamento de asuntos al Consumidor (DACO) por presuntamente utilizar tácticas intimidatorias con propietarios de talleres al identificar infracciones, ofreciéndoles ayuda de un abogado privado.
En la querella, que se radicó el pasado lunes, se alega que la funcionaria llegó a un taller en Bayamón para trabajar con verificación de documentación de taller, y al identificar deficiencias les ofreció los servicios de un gestor privado, no gubernamental.
“No conocemos si existen entregas de dinero o intercambios por dichas recomendaciones. Espero sea parte de su investigación a la cual ustedes son responsables ante el pueblo de Puerto Rico”, lee el documento al que EL VOCERO tuvo acceso.
Además, el colegio alega que la funcionaria en cuestión opera de una manera similar en otros casos bajo investigación.
Según el documento, su modus operandi incluye amenazar a los propietarios con la posibilidad de multarlos y cerrarles los talleres, presentando ejemplos de talleres que ha clausurado recientemente.
También solicita información sobre el proceso de renovación de las licencias profesionales de los dueños, indagando si ellos mismos se encargaron de la gestión o si recurrieron a un gestor y, en caso de haberlo hecho, pregunta quién fue el encargado.
Luego, les ofrece ayuda, y les menciona que tiene el contacto de un abogado privado, que se especializa en casos de mecánica, y lo llama proporcionándole toda la información recopilada por la empleada del DACO.
“Los mecánicos obviamente tienen miedo a que les cierren los talleres y que les cierren el centro de trabajo porque tendrían que despedir a los empleados. El gobierno está haciendo el trabajo correcto, siempre y cuando le pida la documentación pertinente y en el caso de que la persona no la tenga, fantástico, que procedan en ley. Eso es lo que queremos. Pero, no se puede utilizar esto para hacer negocios independientes”, dijo Julio Bonilla, presidente de Ctmapr.
El presidente expresó que esto representa un acto en contra de leyes federales y estatales, reglamentos, violaciones al traspaso de información gubernamental, utilizando vías de información digital sin encriptación para pasarla a terceros.
“Y no menos importante, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Son muchas las quejas que hemos recibido en este ángulo del trabajo que realiza esta agencia”, puntualizó.
Reacciona DACO
“En el departamento se recibió una queja y la misma se va a canalizar a través de nuestra oficina de Recursos Humanos, y se va a investigar el asunto. Yo no puedo emitir ninguna opinión en estos momentos porque esa empleada tiene un debido proceso de ley. Pero, yo le garantizo al presidente (del colegio) que se va a hacer una investigación con relación a ese particular y cualquier situación que vaya en contra de nuestras leyes o cualquier acto impropio —que en estos momentos son meras alegaciones— se van a tomar las medidas que correspondan”, dijo Lisoannette González, secretaria del departamento.
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Posee un Bachillertao en Información y Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, así como un minor en Lenguas Extranjeras con especialidad en Portugués. También, cuenta con una Maestría en Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad del Sagrado Corazón. Se especializa en temas económicos, financieros y científicos.
