La Oficina del Inspector General (OIG) investiga las operaciones de la empresa Physician Correctional y del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) desde diciembre de 2023, confirmó la dependencia.
La OIG dijo que se centra en tres conclusiones incluidas en el cuarto informe positivo de la Resolución del Senado 77, que le refirió la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside José Vargas Vidot.
“El examen continúa... por lo que una vez culmine el mismo, se publicarán los resultados a tenor con el (Artículo) 9 de la citada Ley Núm. 15, y se realizarán las recomendaciones que surjan de los hallazgos”, dijo la OIG por escrito a EL VOCERO.
El informe de la comisión del Senado concluyó que no se debía renovar el contrato de Physician Correctional como finalmente se hizo en septiembre del año pasado para atender las necesidades de salud de la población correccional. Además concluye que la muerte de Shannel Colón Ponce, una paciente con condiciones de salud mental, en la institución de mujeres, arrojó luz “del poco personal para atender estos servicios apremiantes”.
Las recomendaciones del informe que ahora investiga la OIG incluyen el alegado incumplimiento material de la empresa con rendir informes mensuales de sus labores, lo que es un requisito por contrato, y que el DCR incumplió con su deber fiscalizador de esos informes y de las facturas que le pagaba a Physician Correctional.
Se recomienda además elaborar un protocolo sobre el manejo de personas con condiciones de salud mental en las cárceles.
Tanto Physician como el DCR han estado bajo la mirilla por la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez bajo los beneficios de la Ley 25-1992 para personas con enfermedades terminales o condiciones físicas limitantes.
En el caso de Ávila Vázquez, resultó ser falso que tuviese paraplejia o alguna condición terminal. Tras un año fuera de prisión, al individuo se le acusa de asesinar la semana pasada a Ivette Joan Meléndez Vega.
La secretaria Ana Escobar ha dicho que ella no firmó su excarcelación, a pesar de que el estatuto dice que sólo la persona que ocupa el cargo puede autorizarlo, al delegar la función en alguien que no ha identificado.
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