Para los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el estado de emergencia que decretó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, por el incremento de casos de covid-19 y otras enfermedades respiratorias en ese cuerpo, responde a una “batalla política” desatada por la representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos.
Con el estado de emergencia se suspendieron todas las actividades legislativas presenciales hasta el próximo 4 de marzo.
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El portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez, dijo a EL VOCERO que “esta orden administrativa está vinculada con el pleito de la representante Burgos”.
“Lo que está ocurriendo es una batalla política”, resaltó.
Opinó que el decreto de emergencia posiblemente termine en los tribunales, como ocurrió con la demanda de Burgos contra Hernández por la imposición del uso obligatorio de la mascarilla, y que el juez del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas, decidió a favor de la legisladora y permitió que esta no lleve la misma al hemiciclo.
Según Márquez, el estado de emergencia es una contestación para no permitir la entrada de la legisladora a la sesión legislativa a raíz de su victoria en el tribunal.
De igual modo, el representante del PNP, José “Pichy” Torres Zamora, del Partido Nuevo Progresista (PNP), explicó que “en su oficina siguen trabajando” y que “el presidente está tratando de evadir la pérdida del tribunal […] y no puede prevenir el derecho constitucional que tienen los representantes de emitir su voto”.
Enfatizó que “estamos perdiendo el tiempo” con la suspensión de labores cuando en junio es el cierre de labores de la Cámara en este cuatrienio.
“Le debió haber permitido votar”, dijo en referencia a la ocasión en que Hernández no permitió que la representante de PD participara de la sesión sin la mascarilla.
“Del mismo modo que lo pudo hacer para un miembro del PNP que entró a la Cámara, votó y se fue”, expuso.
Según el líder cameral, el estado de emergencia surge con la intención de “proteger la salud y seguridad de los empleados, funcionarios y visitantes de este cuerpo legislativo”.
Las vistas públicas y reuniones ejecutivas se efectuarán en la modalidad remota o a través de videoconferencias, conforme al proceso ordinario de citación establecido en el Reglamento de la Cámara.
Hernández indicó que en los pasados días informó al Senado el incremento de casos de covid-19.
Ante el incremento en casos positivos de enfermedades respiratorias en el cuerpo legislativo
Alivio contributivo
El gobernador Pedro Pierluisi entiende que a pesar del cierre cameral no se atrasará la entrega del reintegro. “Cada representante, director(a) de oficina legislativa y/o dependencia administrativa establecerá un plan, según estime necesario, para garantizar la continuidad de servicios a la ciudadanía”, detalla la orden administrativa.
“Mi directriz al Departamento de Hacienda es que continúen preparándose, haciendo todos los trámites administrativos internos, para que ese incentivo reintegrado se pueda pagar en cuestión de un par de meses”, manifestó Pierluisi.
“Yo estoy dando la directriz de que no empiece a que no está la carta circular aprobada que comoquiera procedan a prepararse, que no se atrase la entrega del incentivo reintegro por esta posición de los trabajos en la Cámara”, dijo. “Yo siempre he dicho que lo ideal es que ese pago se dé en algún momento en el mes de mayo y me mantengo en eso”.
En cuanto a la imposición de la mascarilla en la cámara baja se distanció de Hernández. El mandatario dijo que no se inclina a ordenar el uso de mascarillas en espacios como instalaciones públicas.
“Esa fue una decisión administrativa del presidente (cameral). A nivel de la rama ejecutiva, yo he dicho que no estoy inclinado a estar requiriendo uso de mascarilla. Pienso que las personas que tienen condiciones de salud delicada, que sí que se deben proteger y deben usar la mascarilla, particularmente cuando están acudiendo a lugares concurridos y que no son en exteriores”, sostuvo.
