Salarios justos, retiros dignos, la derogación de la reforma laboral y la salida de la Junta de Control Fiscal (JCF) son algunos de los reclamos que llevarán a cerca de 40 sindicatos obreros a manifestarse hoy, 1 de mayo, en conmemoración al Día Internacional de la Clase Trabajadora.
Según anunciaron varios líderes sindicales, la marcha partirá a las 9:00 a.m. desde el Capitolio y culminará en La Fortaleza.
“Son muchos sindicatos que están convocando a su matrícula. Es un 1 de mayo que yo siento que va a ser muy combativo. En el caso del magisterio, nosotros hemos visitado las escuelas todo el mes y reuniéndonos con los maestros. Hay un muy buen ambiente y pienso que va a ser un día muy exitoso y de mucha participación”, expresó a EL VOCERO la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla.
Martínez Padilla explicó que los reclamos más puntuales del magisterio son recobrar el retiro digno, por lo que abogan por la aprobación del Proyecto de Ajuste a la Pensión por la inflación, que establece un aumento de 10% a todas las pensiones de los jubilados del gobierno y corporaciones, fijar una escala salarial justa y poner un alto a la privatización del sistema público de enseñanza.
Según la líder magisterial, la manifestación se llevará a cabo desde el Capitolio hasta La Fortaleza para exigir a la Legislatura aprobar los proyectos de ley que garanticen un retiro digno y una escala salarial equitativa.
“Hay cuatro escalas salariales diferentes para una persona con la misma preparación y eso es inaceptable. Tenemos compañeros con maestrías y doctorados que han recibido cero aumentos a su salario por su preparación por los pasados ocho años. Entonces, tenemos compañeros que han recibido diferentes tipos de aumentos para la misma preparación. Tiene que haber una ley que sea equitativa de escala salarial”, manifestó.
“Hay alternativas temporeras mediante la Ley 106-2017 de garantizar un retiro digno durante la vejez al magisterio, hemos tocado puertas con la Mesa de Diálogo, en representación del gobernador y con la Legislatura. La sesión legislativa tiene que accionar antes del 25 de junio de 2024, cuando culmina la aprobación de proyectos de ley en ambos cuerpos y acoger las mismas, que incluyen establecer la aportación patronal necesaria a las cuentas de aportaciones definidas, que actualmente solo cuentan con la aportación del empleado” señaló, por su parte, Liza M. Fournier, presidenta de UNETE.
Zeke Miller, Joshua Goodman, Jim Mustian y Lindsay Whitehurst, The Associated Press
Llamado a ciudadanía
En el caso de las empresas privadas, el presidente del Movimiento Solidario Sindical, José Rodríguez, señaló que reclaman se apruebe el aumento del salario mínimo a $10.50 en julio, la derogación de la “mal llamada reforma laboral” y la salida de la JCF.
“Creo que la demostración de que la calle tiene fuerza (quedó clara) en 2019 y hemos demostrado continuamente, año tras año, que el movimiento obrero tiene bastante fuerza. Este año más aún, porque hay unas primarias y es año de elecciones y les queremos enviar un mensaje no solamente a los políticos que actualmente están en el poder, sino también a los futuros (políticos) que vienen, que se van a encontrar con una clase obrera combativa”, indicó Rodríguez.
El líder sindical también hizo un llamado a la ciudadanía para que se solidarice con la manifestación, señalando que, quienes no puedan presentarse a la calle, pueden manifestarse desde otros espacios.
Mientras, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, señaló que el sindicato también se manifestará a favor de la negociación colectiva y en contra de la privatización.
“Están los patronos en agencias públicas y privadas tratando de limitar la negociación luego de una congelación de salarios de más de diez años… Los servicios esenciales no deben ser privatizados porque, en la medida en que se privatizan, se encarece la vida del pueblo en general”, expresó el también maestro retirado.
Nieves coincidió con Rodríguez en que la manifestación ocurre en un contexto electoral, por lo que los reclamos van dirigidos a la Legislatura, al gobernador y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quienes entiende “no han defendido a los trabajadores ante la intervención de la junta”.
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