A nivel del gobierno, entidades de servicio de todo tipo y comunidades, el País tiene que despertar a la cruda realidad de un escenario de extrema vulnerabilidad infantil que, por acto de humanidad y de estricta responsabilidad social, debemos cambiar.
La desgarrante situación por la que atraviesa Puerto Rico en este aspecto demanda un esfuerzo integrado, y sin limitantes burocráticas, para que puedan activarse los recursos hacia casi un 50 por ciento de nuestra niñez expuesta al abandono creciente, al maltrato físico, la precariedad alimentaria y la exclusión social.
El caso reciente de cinco niños de entre 10 meses y 8 años de edad, hallados junto a sus progenitores en condiciones infrahumanas en su residencia del pueblo de Guayama, revela solo un ángulo de la vulnerabilidad infantil en nuestro país, donde mas de 300 mil niños y niñas sufren en carne propia las distintas formas de la pobreza, de acuerdo a estudios publicados por el Instituto de Desarrollo de la Juventud.
Ese acelerado entorno de pobreza y marginalidad en que sobrevive ese segmento de la niñez junto a sus familias, se convierte en terreno fértil para estresores y muchas situaciones que desembocan en formas del maltrato.
Esta compleja problemática, sin embargo, no debe abordarse con políticas puramente punitiva, sino desde una perspectiva social, holística, lo que permitiría encaminar a buen ritmo los programas de intervención preventiva que propicien los servicios y el bienestar para todo el núcleo familiar.
El cuadro que presenta Puerto Rico en cuanto a la vulnerabilidad de su niñez raya en una situación de emergencia, cuando vemos que en los primeros tres meses y ocho días de este 2024 se habían registrado más de 4,150 referidos de posibles situaciones anómalas en los hogares. Explica el Departamento de la Familia que, de ordinario, entre el 14 y el 17 por ciento de los referidos que llegan a la agencia se convierten en casos como tal. De todos modos, estremecedor.
Como datos que describen el patrón de ese mal en la fibra de nuestra sociedad, Familia contabilizó 15,140 casos en investigación al cierre de 2021 y un total de 15,204 al cierre de 2022, mientras que el año 2023 sumó 14,514.
Lleva esto a sostener que urge una intervención distinta con esta golpeada población. Porque no son aceptables algunas tendencias visibles en nuestro entorno que impulsan criminalizar la pobreza. Es inaceptable que se pretenda presentar la negligencia como propia de la pobreza.
Hay que insistir en una ofensiva de servicios para esta población, para prevenir desde el tratamiento justo y desde la apertura de oportunidades a quienes la sociedad, como sistema, ha lanzado históricamente al discrimen y la marginalidad.
Como bien lo explica la científica social y profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico, Linda Colón Reyes, las “grandes necesidades económicas y sociales” que sufren estas familias se reflejan en cada aspecto de su diario vivir. Llama a ver unos efectos mayores, en grado multiplicador, de la pobreza infantil en “familias donde hay una herencia de exclusión de muchas generaciones”.
Así es que nada de lo relacionado con la pobreza y los riesgos a la seguridad de la niñez, las familias y las comunidades debe tomarse a la ligera, pues es responsabilidad primeramente del Estado “procurar que las familias y la niñez, sobre todo la niñez, estén en situaciones de que puedan tener servicios accesibles y eficientes de salud… educativos”, de seguridad y otros, porque, lo contrario, sería muestra de que hay serias “fallas en el sistema”, según advierte Yadira Pizarro, directora del Centro de Fortalecimiento Familiar ESCAPE.
El Departamento de la Familia debe concretar en los mecanismos creados para combatir la pobreza infantil y la disigualdad social; y ampliar los objetivos a través de una verdadera participación multisectorial en el proyecto.
La niñez puertorriqueña necesita dejar de estar expuesta a las violencias y urge ser liberada de tantos años de extrema vulnerabilidad.
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