La Policía deberá presentar informes cada cuatro meses detallando el manejo de controversias relacionadas con exámenes de ascenso y notificar cualquier eventualidad.
La Policía deberá presentar informes cada cuatro meses detallando el manejo de controversias relacionadas con exámenes de ascenso y notificar cualquier eventualidad.
El juez federal Francisco Besosa impuso más controles a los procesos de adjudicación de controversias y apelaciones a los exámenes de ascenso dentro de la Uniformada, tras encontrar en desacato al Negociado de la Policía y al Departamento de Seguridad Pública (DSP) por incumplimiento con la Reforma policiaca.
En una orden emitida el pasado viernes, el magistrado federal concluyó que las agencias locales violaron el acuerdo firmado en julio del 2013 al conceder a 12 tenientes puntos de manera arbitraria en una prueba de ascenso al rango de capitán que reprobaron en 2015.
Al no lograr la puntuación necesaria, los tenientes presentaron en 2016 una querella ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP).
Juez Francisco Besosa.
Archivo/EL VOCERO
Temor a posible impacto de pago de retroactivos
De acuerdo con el dictamen, el gobierno local argumentó que en cerca de ocho años no se llegó a una determinación sobre los reclamos de los 12 oficiales y que durante este tiempo CASP impuso varias sanciones a la Uniformada.
Sin embargo, durante este periodo, tanto el Departamento de Justicia federal, como la oficina del monitor de la Reforma de la Policía y del comisionado especial—‘special master’— designado por la corte, Alejandro Del Carmen, estuvieron ajenos a la situación.
“En esencia, el DSP temió que un fallo adverso con relación a estas apelaciones hubiera representado un impacto fiscal desfavorable a la Policía, como pudo haber sido el ordenamiento del pago, de manera retroactiva, de la diferencia en salario por concepto de los ocho años”, señaló Besosa.
El magistrado concluyó que el DSP negoció con los tenientes, de manera que se le otorgó a cada uno seis puntos en sus respectivos exámenes para obtener la puntuación necesaria para lograr el rango de capitán, a cambio de que renunciaran a su derecho de reclamar cualquier pago retroactivo.
“Esto permitió a la Policía promover a los apelantes al rango de capitán y evitar más litigios”, agregó Besosa.
Pedro A. Menéndez Sanabria y Glorimar Velázquez, EL VOCERO
Trastoca la confianza
No fue hasta noviembre del 2023 que Justicia federal, el monitor de la reforma y el comisionado especial se percataron de lo sucedido y procedieron a manifestar, en un informe ante la corte, sus preocupaciones sobre cómo este acuerdo violó los párrafos 16 y 17 de la Reforma.
En el caso del párrafo 17, se establece que los exámenes escritos competitivos son un componente obligatorio del proceso de selección que se lleva a cabo para otorgar el rango de capitán en el cuerpo policiaco puertorriqueño.
“Al otorgar puntos a los 12 tenientes para su promoción al rango de capitán de una manera arbitraria, caprichosa y discriminatoria, se violó el acuerdo (Reforma), se obstaculizó la selección de supervisores cualificados en la Policía y se minó la confianza en el proceso actual y futuro de ascensos a todos los niveles”, subrayó Besosa.
Ante lo ocurrido, el juez federal ordenó al DSP y el Negociado de la Policía presentar por los próximos dos años informes cada cuatro meses, detallando el manejo de controversias relacionadas a exámenes de ascenso y notificar cualquier eventualidad sobre casos ante CASP.
De igual manera, el togado les otorgó autoridad al monitor de la Reforma y al comisionado especial sobre cualquier determinación relacionada con la adjudicación de controversias sobre los exámenes de ascenso, los comités creados por la Uniformada para los procesos de promoción entre sus filas y las puntuaciones necesarias para cualificar a un nuevo cargo.
Condicionados los ascensos
A pesar de los señalamientos esbozados en su orden, Besosa condicionó el ascenso de los 12 tenientes al cargo de capitán a que tomen un curso de entrenamiento de 80 horas sobre sus deberes y responsabilidades -el doble de lo requerido- cuyo currículo deberá ser sometido ante el monitor de la Reforma y del comisionado especial para su aprobación.
Luego del entrenamiento, los 12 oficiales serán sometidos a un examen y, de lograr una puntuación satisfactoria, su desempeño será evaluado cuatro veces al año durante los primeros 24 meses en el cargo. En cuanto al periodo probatorio, el mismo será extendido a 12 meses.
DSP justifica acuerdo
Por su parte, el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos, justificó el acuerdo que llevó al incumplimiento con los dos estatutos de la reforma policiaca, al reclamar que CASP había tardado demasiado tiempo en adjudicar el reclamo de los tenientes.
“¿Cómo es que un proceso administrativo te va a tomar ocho años? Desconozco cuántos compañeros comenzaron ese proceso, pero quizás muchos terminaron retirándose o fallecieron en el camino. Todo proceso tiene un tiempo, pero ocho años es una exageración”, denunció el funcionario.
Torres Ríos reclamó además que la Uniformada necesita reforzar la línea de supervisión, incluyendo a los capitanes.
“Estoy sumamente contento de haber logrado que esos muchachos pudieran ascender a esa posición. Cuando en estas posiciones debemos ayudar a los compañeros y darles la posibilidad de continuar progresando. Es irracional que una persona esté ocho años para que se atienda un reclamo de este tipo”, insistió el secretario.
Con relación a los incumplimientos, Torres Ríos afirmó que tanto Justicia federal como el resto de las partes involucradas en la Reforma de la Policía acogieron la orden emitida por Besosa.
Recibe más información sobre esta y otras noticias. Pulsa aquí si eres usuario de Android o de iPhone.
