El legislador independiente José Vargas Vidot confirmó a EL VOCERO que la Comisión senatorial de Salud Mental investigará las acciones de la empresa Physician Correctional que llevaron al otorgamiento de un pase extendido por motivos de salud en abril del 2023 al asesino confeso Hermes Ávila Vázquez, quien un año después de salir de prisión es imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí.
El legislador explicó que, para esto, reabrirá una pesquisa de 2022 a la misma compañía sobre el manejo del caso de Shannet Colón -quien ese año murió en la Cárcel de Mujeres de Bayamón- y que concluyó con un decreto al Ejecutivo y al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de que pusiera fin al contrato con Physician Correctional de manera inmediata. La compañía es la que ofrece servicios de salud a los confinados en la Isla. En septiembre de 2023 se le renovó contrato a cinco años por más de $73 millones.
“Aquí se le advirtió tanto al gobernador (Pedro Pierluisi) como a la secretaria de Corrección (Ana Escobar) que algo así podría pasar, que se podría perder otra vida por los malos manejos por parte de esta empresa, pero el gobernador no le hizo caso en el 2022”, reclamó el senador, quien lamentó que la muerte de Meléndez Vega pudo haber sido prevenida.
Vargas Vidot dio instrucciones al personal de la comisión senatorial para que tramite requerimientos de información tanto a Corrección como a Physician Correctional y a cualquier otra entidad involucrada en el manejo del caso de presunto feminicida, quien fue convicto en 2005 a 122 años de prisión por la muerte de otra fémina a la que agredió sexualmente después de degollarla.
Según fuentes de EL VOCERO, Ávila Vázquez figuró como sospechoso de la muerte de otras dos mujeres en el área de Bayamón, que fueron degolladas.
“Aquí hay un asunto de la evaluación de salud mental porque no solo es la salud física de este señor, ya que una persona que se sospechaba es un asesino en serie debe tener una condición de salud mental y podría tratarse de un psicópata, por lo tanto, tendría la capacidad de poder sostenerse consistentemente en una conducta para lograr algo”, planteó.
Vargas Vidot mencionó que en una de las vistas públicas durante la pesquisa del 2022 el presidente de Physician Correctional, el doctor Raúl Villalobos, y la secretaria Escobar afirmaron que una vez una persona entra en el sistema carcelario se realiza una “evaluación pormenorizada de salud mental y física del nuevo cliente de tal manera que a condiciones de su encarcelamiento guarden relación con las situaciones particulares del individuo”.
“Es importante determinar si aquí hubo la misma laxitud, por no decir irresponsabilidad y mediocridad -que son las palabras correctas con que se merecen- al brindar los servicios de salud mental y evaluar si ese mismo protocolo que Physician implementa ayudó a que la evaluación de su pase fuese igualmente liviana”, reiteró Vargas Vidot.
En abril de 2023, a Ávila Vázquez se le concedió un pase extendido al amparo de la Ley 25 del 1992 (enmendada en 2014), que aplica a confinados “en casos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en su etapa terminal o cualquier otra enfermedad en su etapa terminal”. En 2012 se cambió la ley para que cobijara a reclusos con “una prognosis de vida de menos de seis meses o condiciones fisiológicas limitantes”.
Guarda silencio Physician
EL VOCERO solicitó al presidente de Physician Correctional los detalles de las medidas tomadas a raíz de los hallazgos de la investigación legislativa del 2022, pero el doctor Villalobos solo respondió con el mismo comunicado emitido el martes en el que establecen que “se nos ha recomendado esperar a concluir la investigación en curso antes mencionada, previo a realizar otra comunicación”.
En el escrito, Villalobos sostuvo que se encuentran en comunicación con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) “para compartir y corroborar los diagnósticos y padecimientos de este confinado, que dieron lugar a la determinación por ellos de otorgar una incapacidad total permanente”.
No consultaron caso con el Fondo
Sin embargo, el administrador de la CFSE, Noe Marcano, confirmó a EL VOCERO que Physician Correctional no había consultado el caso de Ávila Vázquez previo al feminicidio de Meléndez Vega.
“Debo dejar claro que nosotros trabajamos bajo la Ley 45, por lo que evaluamos lesiones de empleados del gobierno o la empresa privada en miras a determinar si pueden recibir beneficios de la corporación. Eso es distinto y separado de la Ley 25 que maneja Corrección. En este caso se trató de un confinado que mientras trabajaba en una brigada sufrió un accidente”, especificó Marcano.
Mientras que el director médico del Hospital Industrial, el doctor Darwin Marrero Arroyo, aclaró que para que una persona se le conceda una incapacidad total permanente por el CFSE- tal y como la otorgada a Ávila Vázquez- no se requiere un diagnóstico de paraplejia.
“La Ley 45 es bastante extensa y yo tengo personas con brazos amputados a los que se les otorgan incapacidad total, ya que lo que medimos es la función de llevar a cabo una labor en su escenario de trabajo, es decir, si es capaz de continuar trabajando parcial o totalmente”, añadió el galeno.
Gobernador reacciona
El gobernador Pedro Pierluisi exhortó a “no adjudicar responsabilidades” hasta que culmine la pesquisa administrativa del DCR sobre la excarcelación del convicto Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25.
“Yo sé que la secretaria (del DCR) va a atender este asunto con la mayor urgencia, pero el primer paso es hacer la investigación administrativa y ya (el Departamento de) Justicia dijo que espera recibir el resultado de esa investigación para entonces determinar si hay que radicar cargos a alguien ante los tribunales”, aseveró.
A preguntas sobre si daría paso a cancelar el contrato a Physical Correctional, Pierluisi dijo que no se deben adelantar a los procesos.
“Esas decisiones las toma la secretaria, pero no se debe uno estar aventurando de esa manera. O sea, esto es un caso en particular (que) es objeto de investigación. Habrá que ver quién falló y estar adjudicando responsabilidad en este momento no es correcto. Es importante que primero se haga esta investigación administrativa y se haga el referido a Justicia, si es que se percibe que pueda haber alguna acción delictiva”, respondió Pierluisi.
“En aquel momento no había causa para investigar absolutamente nada… si surge alguna irregularidad o algo como lo que ha ocurrido, entonces (se) revisa ese juicio médico a ver si fue errado”, abundó.
Por su parte, Escobar indicó anoche a este medio que “el Departamento de Corrección y Rehabilitación siempre ha atendido las preocupaciones y las solicitudes del senador Vargas Vidot. Así que, al igual que en otras ocasiones, estamos a su disposición para responder cualquier interrogante o pedido que tenga para la agencia en medio de la investigación que anunció en el día de hoy (ayer)”.
Detalles de la pesquisa anterior
Por otro lado, Vargas Vidot mencionó que la investigación realizada en 2022 dejó al descubierto irregularidades en el ofrecimiento de servicios médicos de la empresa a la población correccional.
“Durante el proceso, pedí una reunión al azar con un módulo completo en la (Unidad) 501 para escuchar el sentir sobre la funcionalidad de Physician durante la cual los confinados señalaron que las citas no se daban, problemas en el manejo de medicamentos y el ‘sick call’, al igual que en los tratamientos por parte de especialistas. Por ejemplo, algunos de los confinados allí llevaban esperando meses y otros años por fisiatras, endocrinólogos y una infinidad de cosas”, especificó.
Explicó que las denuncias también llegaron mediante cartas, en ocasiones de manera anónima, de reclusos, familiares y el mismo personal correccional. Dijo que, tanto psicólogas como trabajadores sociales del DCR mostraron su descontento debido a que Physician Correctional no comparte información de expedientes médicos, incluyendo asuntos como padecimientos crónicos o manifestaciones sintomáticas y convulsiones.
“También encontramos que en ese momento Physician había realizado un ‘downsizing’ del personal como medida de ahorro y sacaron psicólogos, trabajadores sociales, al tiempo que disminuyeron las horas de medio mundo”, añadió.
La pesquisa senatorial produjo referidos a las oficinas de la Inspectora General, que confirmó haberlo recibido; y al Contralor, que acudió a la oficina de Vargas Vidot en el Capitolio para recopilar información obtenida a lo largo de la investigación inicial.
Wilmarielys Agosto colaboró en esta historia.
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