De acuerdo con el banquero venezolano Julio Herrera Velutini -uno de los coacusados del esquema fraudulento de sobornos que se le imputa a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced- el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) le tenía el ojo puesto a su institución financiera, Bancrédito International Bank, desde 2015.
Este es uno de los argumentos de los abogados de Herrera Velutini para pedir el desistimiento del pliego acusatorio presentado con carácter confidencial; sin embargo, detalles de la moción no fueron revelados por la jueza Silvia L. Carreño Coll en una orden en la que dejó en suspenso parte de la solicitud y desestimó otros planteamientos.
Herrera Velutini argumentó que el FBI utilizó a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de pantalla desde 2015 para obtener evidencia en contra de Bancrédito y hasta señaló a varios funcionarios de la dependencia como figuras que le brindaban “tips” a los agentes sobre las prácticas de la institución, lo que sostienen se hizo en violación al debido proceso de ley.
La jueza Carreño Coll le recordó a la defensa legal del banquero que “el tribunal solamente está interesado en la integridad de la pesquisa que produjo el pliego y que la investigación sobre la conspiración y sobornos no puede preceder la inserción del esquema” entre diciembre de 2019 y junio de 2020.
“De ser ciertas las alegaciones de Herrera sobre los lazos significativos entre OCIF y el FBI desde 2015 hasta 2019, el récord indica que esta colaboración estuvo relacionada con investigaciones sobre conducta distinta por la cual no ha sido acusado”, agregó la magistrada.
En una nota al calce, el tribunal destacó que el pliego hizo alusión a una pesquisa en OCIF previo a la alegada conspiración y que, precisamente, fue esto lo que dio paso a que Herrera Velutini le ofreciera millones de dólares a Vázquez Garced para su campaña de cara a las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2020 a cambio del despido del entonces comisionado de OCIF, George Joyner.
Carreño Coll ordenó al equipo de abogados del empresario suramericano modificar su reclamo basado en el descubrimiento de prueba realizado a partir del 22 de agosto de 2023 y pidió que se concentren únicamente en los cargos 1 al 4 que están relacionados a la presunta conspiración que también involucró a la exmandataria y al exagente del FBI Mark Rossini.
Por otro lado, el tribunal desestimó de plano otros argumentos, como el que apuntaba a presuntas violaciones del privilegio abogado-cliente debido a que la abogada María Domínguez, quien en el pasado representó a Bancrédito, también tuvo a su cargo la negociación de parte de la expresidenta de la institución, Frances Díaz, para hacer alegato de culpabilidad como parte de un acuerdo con la fiscalía federal.
El empresario afirmó que sostuvo conversaciones que incluyó información privilegiada con la abogada y que Domínguez luego divulgó el contenido de las mismas a los fiscales mientras tuvo a su cargo la representación de Díaz.
La magistrada sostuvo que Herrera Velutini no demostró que fuera cliente de Domínguez, y que la prueba a la que su defensa hizo referencia dejó claramente establecido que la licenciada hizo alusión a declaraciones de parte del banquero durante la negociación. Otros argumentos desestimados fueron el uso de material privilegiado para obtener órdenes de allanamiento y ocultar prueba exculpatoria al Gran Jurado.
En cuanto a la solicitud de una vista evidenciaria para “descubrir el alcance completo y detalles de la mala conducta del gobierno”, la jueza Carreño Coll indicó que la defensa no ha presentado evidencia suficiente que sugiera este tipo de acción y que ha basado todo en alegatos especulativos, por lo que no encontró méritos suficientes para ordenar este tipo de audiencia en este momento.
El tribunal separó el periodo del 21 de enero al 14 de febrero del 2025 para el juicio en el tribunal federal de Hato Rey.
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