La agencia pidió paralizar el pleito judicial civil o por lo menos que se le conceda un plazo de 60 días en lo que reevalúan la situación. >Archivo, EL VOCERO
La agencia pidió paralizar el pleito judicial civil o por lo menos que se le conceda un plazo de 60 días en lo que reevalúan la situación. >Archivo, EL VOCERO
El Departamento de Justicia entiende que podría haber un conflicto de intereses si se mantiene como representante legal de los agentes de la Policía que están demandados a nivel federal por dispararle a un joven de 16 años hasta causarle la muerte en hechos ocurridos en el 2022.
La agencia pidió paralizar el pleito civil o, por lo menos, que se le conceda un plazo de 60 días en lo que reevalúan la situación.
El DJ presentó esta semana cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas contra seis policías. La jueza municipal Iraida Rodríguez Castro no encontró causa para arresto, sin embargo la agencia anunció que irá en alzada, por lo que se fijó una nueva vista para el 30 de abril.
Es ahí donde radica el posible conflicto de intereses porque, por un lado, el departamento busca encausar a los agentes y, por otro lado, los representa en la demanda federal presentada por la madre del menor asesinado.
Los hechos sobre este caso se remontan al 1 de agosto de 2022, cuando Antonio Cordero Nevárez, un joven de educación especial, conducía una guagua que según los agentes había sido robada, aunque posteriormente se supo que no había tal reporte. Los policías persiguieron el vehículo hasta llegar a una calle sin salida en Puerto Nuevo donde le dispararon en al menos 60 ocasiones y lo mataron.
Los agentes identificados como Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Kelvin Omar Meléndez Monsegur, Paola Farías Santiago, además de otros seis oficiales de la Policía habían dicho que temían que el joven los impactara con el vehículo.
Según expuso Justicia, con la presentación de las denuncias se inicia un proceso administrativo que busca determinar si se les retira o no a los agentes el beneficio de Ley 9 que les concede a los funcionarios públicos el derecho a defensa y a que el gobierno pague en aquellos pleitos en que se resuelva que ha habido violación de derechos civiles.
“Las circunstancias descritas en esta moción sobre los codemandados que enfrentan cargos criminales en la jurisdicción local no tienen precedentes y justifican totalmente tomar pasos particulares para asegurar apropiadamente los derechos de todas las partes involucradas”, indica la moción de Justicia.
En su demanda la madre, Sheila Nevárez Chiclana, alega violación de derechos civiles y reclama el pago por daños
“Los actos y omisiones de cada uno de los demandados como se describen en este documento violaron los derechos federales del difunto que protegen su seguridad y su integridad corporal, lo privaron de su disfrute de la vida sin el debido proceso legal y le infligieron un castigo cruel e inusual, todo en violación de las enmiendas quinta, octava y decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos”, indica la demanda, en la que también se alega violaciones a la Constitución de Puerto Rico.
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