El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan Anthony Cuevas, concedió hasta las 5:00 p.m de hoy a la Comisión de Derechos Civiles (CDC), para que le suministre el formato de citaciones a empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en relación con una investigación que conducía la entidad, sobre posibles violaciones de los derechos de los electores, tras la suspensión del proceso de primarias que se inició el 9 de agosto.
El magistrado indicó que necesita copia de los documentos antes de disponer sobre el asunto y ordenó a la CDC a suministrar los mismos a la CEE “para que los compañeros digan si están dispuestos a desistir del caso”.
Mientras, Félix Passalacqua uno de los abogados de la CEE indicó que estarán en espera de los documentos “y de que haya una legítima apertura para resolver el asunto”.
El 19 de febrero la CEE demandó a la CDC y pidió a la corte una orden para que dejara sin efecto las citaciones del personal de la dependencia, luego de comenzar una investigación relacionada con la posibilidad de que la suspensión parcial de las primarias del 9 de agosto, constituía una violación de los derechos civiles de los electores.
Según la CEE, las citaciones no contienen el apercibimiento fundamental de que los citados puedan o deban comparecer con representación legal y que la CDC no tiene un reglamento o procedimiento adoptado en derecho para que la audiencia o sesión ejecutiva salvaguarde los derechos de los funcionarios citados.
Mientras, la CDC, representada por las abogadas Hilda Catalina Sciera y Lynette Acosta, solicitaron la desestimación de del caso.
Expusieron que la CDC tiene amplia facultad para citar a personas a declarar y requerirles documentos que sean necesarios para sus investigaciones y que la organización tiene la autoridad para tomar juramentos y declaraciones y ordenar la comparecencia de testigos y de cualquier otra evidencia mediante subpoena.
“En cuanto al scope de nuestra investigación lo que pasó el 9 de agosto con la interrupción de las primarias…afectó el derecho constitucional de los electores de Puerto Rico en ese proceso de poder ir a votar libremente de una manera clara, sin que hubiese incertidumbre de cómo su voto sería contado y de los efectos del mismo…tenemos que indagar qué pasó para que se interrumpiera el evento que afectó ese derecho constitucional. No estamos yendo más allá de las facultades que nos permite la ley”, acotó Sciera.
Señaló que el reglamento de la CDC es público y se iba a proveer el mismo día de la vista.
Expuso que el proceso no es uno adjudicativo, que no iba a ser bajo juramento y que las citaciones era para un tipo de entrevista en el que se le aseguran las garantías constitucionales de los citados.
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