Rechazan que recusaciones sean táctica de persecución

“Eso está regulado por ley. Eso tiene un periodo de ley para llevarse a cabo y un proceso que no opera automático. Hay que llevar evidencia, prueba. No es el PNP el que determina si una recusación es válida o no. Quien determina es un juez”, indicó Romero Lugo tras ser cuestionado por EL VOCERO sobre los señalamientos de que el proceso de recusación en San Juan es un esquema del PNP para perseguir a electores de otros partidos.

“Si el elector no vive en donde alega que es su domicilio, no es persecución. Se está limpiando el registro y se está buscando que el que está votando en ese municipio resida en ese municipio”, indicó, por su parte, Santo Domingo.

La comisionada electoral del PNP puntualizó que, debido a que la recusación puede afectar el derecho constitucional del ciudadano de ejercer su voto, “se da un debido proceso de ley bien exhaustivo”, el cual incluye notificarle al elector que será recusado y darle la oportunidad para que defienda su caso ante un juez dentro de los diez días siguientes de recibida la notificación de recusación.

“El juez evalúa la prueba y determina si procede o no la recusación. Te puedo decir que en el 90% de los casos que se han radicado, sí ha procedido la recusación”, mencionó Santo Domingo.

De acuerdo con el artículo 5.16 del Código Electoral, un elector puede ser recusado del registro electoral si falleció; si no es ciudadano de Puerto Rico o Estados Unidos; si no está domiciliado en la dirección descrita en su solicitud a la fecha de inscripción o en el momento de la recusación; si no es la persona que alega ser; si ha sido declarado mentalmente incapaz por un tribunal, o si aparece inscrito más de una vez.

Resultados “atípicos” en las pasadas elecciones

La comisionada electoral también señaló que el PNP comenzó el proceso de recusaciones “con mucho tiempo de anticipación”, tras percatarse de un resultado “atípico” en los comicios pasados.

“Nosotros vimos un resultado bien atípico para la elección del 2020, que sabíamos que algo estaba pasando, porque en los centros de votación, de repente empezaron a ver a personas que no necesariamente eran de dicha comunidad y empezó a levantar bandera en todas las estructuras de nuestro partido”, alegó Santo Domingo.

De acuerdo con la también abogada, el partido descubrió que había electores registrados en residencias abandonadas o que en la vivienda registrada vivía más de una familia.

“Los electores deben conocer que incluir información falsa en un proceso de inscripción o de transferencia es un delito electoral. Este código (electoral) lo que busca es empoderar al elector sobre el poder actualizar su registro de la forma más fácil posible (…) así que excusas no hay para mantener actualizado su registro y es una responsabilidad de todos”, manifestó, a la vez que alentó a los electores a actualizar su información ante la CEE.

Mientras, el alcalde de San Juan reiteró que aunque lo que están haciendo es “evitando el fraude electoral”, aclaró que el hecho de que un elector sea recusado no necesariamente significa que intentó cometer fraude, pues “puede haber un elector que legítimamente se mudó de San Juan a Bayamón, no quiere votar en Bayamón, y viene todas las elecciones a San Juan a votar, aunque no le corresponda”.

“Ese elector como tal no ha cometido ningún delito porque, una vez tú te inscribes correctamente, el proceso que puede evitar que tú votes en esos lugares es que te recusen por las razones que permite la ley (…) Otra cosa es mudar gente a un apartamento, mudar gente a casas abandonadas, a estorbos públicos (…) Y esos casos ciertamente ameritan que se lleve a cabo un proceso” de recusación, manifestó Romero Lugo.

EL VOCERO solicitó entrevistar sobre este asunto a la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Karla Angleró, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.