El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, informó que un hombre fue sentenciado a 20 años y tres meses de prisión por una serie de robos a mano armada.
Contra Miguel Cancel-Marrero, de 62 años y residente de Río Grande, pesan cuatro cargos de violaciones a la Ley Hobbs y un cargo de violación de armas de fuego.
Según los documentos judiciales, Cancel-Marrero cometió una serie de robos mientras blandía, portaba y utilizaba un arma de fuego, en presencia de empleados contra su voluntad, mediante amenazas de fuerza, violencia y miedo a sufrir lesiones.
El convicto admitió ser partícipe de cuatro robos, particularmente en tiendas de piezas para autos.
El primer robo admitido ocurrió el 2 de diciembre de 2020, en Advanced Auto Parts en Río Grande.
El segundo robo admitido tuvo lugar tres días después, el 4 de diciembre de 2020, donde el convicto hurtó del mismo local, pero en Trujillo Alto.
Una semana y varios días después, el 16 de diciembre de 2020, el sujeto volvió a robar dinero, pero esta vez, en Auto Zone en Guaynabo.
Por último, el individuo admitió cometer un robo el 14 de enero de 2021, en Auto Zone en Trujillo Alto.
Durante este robo, Cancel-Marrero apuntó el arma de fuego a clientes y empleados, y luego apuntó el arma de fuego a la cabeza de un empleado.
El sexagenario también confesó que descargó el arma de fuego mientras cometía el robo, disparándose en la pierna derecha y posteriormente desangrándose dentro del Auto Zone.
Por tal razón, el 14 de marzo del presente año, la jueza Silvia Carreño-Coll del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos sentenció a Cancel-Marrero a 108 meses por los cuatro cargos de violaciones a la Ley Hobbs concurrentes entre sí y consecutivos a 120 meses por el descargo en el que el acusado se disparó a sí mismo en la pierna para un total de 228 meses de prisión (19 años).
El tribunal también condenó a Cancel-Marrero a 15 meses por la revocación de la libertad supervisada. Además, se le ordenó el pago de una indemnización a las víctimas.
El FBI y la Policía de Puerto Rico investigaron el caso, mientras que el fiscal federal adjunto Luis A. Valentín de la Unidad de Crimen Organizado Transnacional procesó el caso.
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