La primera vista argumentativa en contra del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por supuesto incumplimiento con el acuerdo que firmó con el Partido Popular Democrático (PPD), culminó al ambas partes someter el caso ante el juez Anthony Cuevas.
Durante la vista argumentativa el licenciado Frank Torres Viada, defensa del suspendido alcalde, sostuvo que hubo una especie de “coacción o presión indebida” porque se le impuso al alcalde un requisito que no está en ley. Además, cuestionó los fundamentos del acuerdo que su cliente firmó.
“Ese acuerdo, que... entra en consideraciones intrínsecas, ¿cumple con la ley? No. ¿Establece requisitos que surgen de la Constitución? No. ¿Qué constituye? Constituye una condición particular”, expuso el abogado, quien manifestó que el secretario general de la Pava, Gerardo “Toñito” Cruz, “tendrá voz, pero no voto”.
Otro argumento que presentó fue que el reglamento del PPD establece unos mecanismos disciplinarios, dando a entender que este caso se pudiera resolver de manera interna y no en los tribunales.
Según indicó, en el Capítulo 10, artículo 241 inciso 6, el presidente, secretario general o Consejo General de la colectividad podría dar paso a una “suspensión de su derecho a ser candidato a un puesto interno del partido representando a un puesto público, por un periodo que no exceda el cuatrienio en curso”.
“Si no querían un alcalde acusado, no podían certificarlo”, abundó Torres Viada.
En su alocución, el abogado del PPD, Gerardo de Jesús, argumentó que el único problema que atraviesa el partido es que “está bregando con una persona que faltó a su palabra”, refiriéndose a Irizarry Pabón.
Recalcó que es una causa lícita requerirle a un afiliado o miembro de la colectividad que cumpla con ese compromiso, puesto que “el partido tenía derecho... Una vez incumple el acuerdo es desleal al compromiso adquirido voluntariamente con el partido”.
De Jesús difirió totalmente del planteamiento de Torres Viada de que el secretario general no tiene potestad para intervenir en este caso, ya que, según dijo, “el Reglamento del PPD establece que los funcionarios tales como la figura del secretario pueden concretar acuerdos”.
A preguntas de EL VOCERO sobre si existe una opción interna para solucionar el problema con el suspendido alcalde, el secretario general de la Pava respondió que en este caso no es posible.
“La única manera de sacar una persona certificada de la papeleta es viniendo al tribunal. Así que la disciplina que nos permite el reglamento es para nosotros disponer de asuntos de personas que no cumplen con las normas del reglamento, para descertificar a una persona ya certificada solamente hay un camino y es venir al tribunal”, explicó Cruz.
Incluso, comentó que, aunque se le pida a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que el partido está de acuerdo en sacar a Irizarry Pabón, la CEE “no lo va a sacar de la papeleta porque no puede, hay que venir al tribunal”.
El también comisionado electoral alterno del PPD mencionó que ahora resta esperar que el magistrado Cuevas resuelva el caso “lo antes posible”.
A Irizarry Pabón se le atribuye incumplir con un acuerdo firmado en diciembre, que establece que si no se veía la vista preliminar en o antes del 28 de febrero debería renunciar a sus aspiraciones a la reelección a la poltrona municipal, de la que está suspendido.
Simultáneamente a este caso, el aún alcalde de Ponce enfrenta un caso judicial en etapa de vista preliminar por las imputaciones de violación al artículo 251 del Código Penal por enriquecimiento ilícito y al artículo 4.2 b de la Ley de Ética Gubernamental referente al uso de las facultades de su cargo para obtener un beneficio personal.
El pasado 1 de marzo, el secretario general del PPD, Toñito Cruz, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan una querella solicitando la descertificación de Irizarry Pabón, atribuyéndole violación del acuerdo y el reglamento del partido.
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