El desenlace del juicio federal contra el exalcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado –con sentencia de un año de cárcel y tres en probatoria– solo representará un paso de avance si las instituciones reconocen que es mucho lo que falta por hacer para que el sistema de justicia federal y estatal actúe como un verdadero disuasivo contra la corrupción.
Surge de distintas preocupaciones públicas que, en la lucha contra este perverso comportamiento político-social de la corrupción, se necesitan programas y mecanismos de prevención. Pero, a la vez, que se requiere de un régimen de consecuencia mediante el cual se elimine toda posibilidad de que los convictos por estos esquemas delictivos terminen celebrando sus sentencias, más de lo que las deberían lamentar.
En ese orden entendemos que, para el procesamiento de los integrantes de estas versiones del crimen organizado, es necesario adoptar criterios más enérgicos en las guías de sentencia: primero, para la imposición de penas acordes con la magnitud del daño infligido al erario y a la sociedad; y, segundo, para que la decisión del Tribunal sí se configure en un contundente mensaje y en una clara advertencia a los que acechan como potenciales depredadores de los fondos públicos.
De todos modos, y en una decisión que abona a la confianza pública en el sistema judicial, es de reconocerse la actuación del juez Raúl Arias Marxuach, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, quien no accedió al pedido de la defensa y de la Fiscalía federal para que, por haber sido un cooperador en el proceso, a El Cano Delgado solo se le condenara a un año de libertad supervisada.
Es cierto que con la cooperación del exalcalde, tras ser descubierto en sus turbias transacciones, fue posible la desarticulación de todo un esquema de sobornos con fondos federales y comisiones ilegales, que involucró a empresarios como Oscar Santamaría, Raymond Rodríguez, Mario Villegas Vargas y José Bou Santiago y a alrededor de 10 alcaldes y funcionarios de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).
En el caso de Cataño, el juez Arias Marxuach tomó en consideración que, aunque fue testigo cooperador, Delgado no acudió a las autoridades hasta el 2020, tres años después de cometidos los delitos por los que se declaró culpable, a la vez que estuvo en otros esquemas de corrupción por los que, por la negociación, no fue acusado por la fiscalía y que se tradujeron en una pérdida de $17 millones del dinero público.
En definitiva, unas prácticas delictivas muy costosas, desestabilizadoras, temerarias, que en nada deben confundirse con “un error”, ni con simples irregularidades administrativas que pueden atenderse con señalamientos correctivos.
No. Estos son esquemas desarrollados con toda acechanza, premeditación y alevosía; con toda la intención de hacer daño, robando los fondos municipales, estatales y federales destinados al servicio honesto, a los más necesitados, a la sana administración.
El daño de la corrupción es mayúsculo. Por eso hay que subir la vara en su persecución, procesamiento y condena de los culpables.
Hay que prevenir y con fuerza atacar a todos los niveles la corrupción, porque quienes la practican tienen siempre el propósito de que ese mal se vuelva endémico hasta convertir al País en una sociedad fallida en sus instituciones y puedan, entonces, operar a sus anchas y sin límites. En capacidad de daño, es la corrupción lo más equiparable al narcotráfico, como bien planteó en el 2023 en entrevista con EL VOCERO el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, el agente especial Joseph González.
Así es que resulta urgente que se intensifique la lucha contra la corrupción. Que se haga conciencia de que las sentencias que terminan fijándose a los convictos por estas prácticas, aún a los cooperadores, no deben seguir cruzando la línea fina que las separa de la impunidad.
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