Los acuerdos colaborativos suscritos entre los poderes Ejecutivo y Judicial para el manejo coordinado de las órdenes de protección pueden representar un paso de avance en la lucha contra el cáncer social de la violencia de género, solo si las instituciones implicadas, en la práctica, arrancan con su ejecución desde el mismo día de hoy.
Porque si tras la firma de los acuerdos este pasado martes lo que se abre es otro “compás de espera”, otro extenso periodo de discusión y “planificación” sobre cómo se va a operar, entonces la labor de gestionar de manera integral el delicado asunto de las órdenes de protección, seguirá en precario en el País.
Con la expectativa de que sean estas las previsiones que han tomado para la efectividad del proyecto, entendemos que el País debe ver con buenos ojos la concertación de los acuerdos entre el Poder Judicial, representado por la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.
A esta etapa de compartir información de manera estructurada y uniforme y de asignar responsabilidades específicas entre las instituciones participantes, se llega dos años y medio después de que el gobierno creara el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (Copop).
De igual forma se logra este paso – importantísimo – más de tres años después de que el gobernador Pedro Pierluisi, mediante orden ejecutiva, declarara un Estado de Emergencia por Violencia de Género.
Por los tiempos exageradamente largos que se han dejado pasar entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta en el manejo de esta crisis de violencia de género, es que levantamos la voz sobre la necesidad de que, en esta ocasión, los acuerdos se hayan oficializado ya teniéndose listo todo el andamiaje de coordinación y ejecución.
Y es que el País ha sido testigo de las consecuencias trágicas de la falta de coordinación entre las agencias – que no se comunicaban entre sí – y de la disfuncionalidad institucional en la tarea de proteger la integridad y la vida de las víctimas de las distintas violencias de género.
La situación no es para contemplarla, sino para atenderla como su gravedad dicta. Solo en lo que va de año se han recibido en el Copop más de 2,520 órdenes de protección, mientras que desde julio de 2021 están activas 12,782, como reseñara en su edición de ayer EL VOCERO.
Estos números hablan por sí solos sobre la magnitud del problema y la necesidad de que en la población se crea en las órdenes de protección como mecanismo de ayuda a las sobrevivientes de violencia doméstica y como estímulo a las personas en riesgo para que salgan “a un tribunal, a un cuartel de la Policía, algún albergue, alguna entidad” para buscar ayuda, según aconseja la presidenta de nuestro máximo tribunal.
Creemos de igual forma que, para hacer un trabajo más abarcador y efectivo de prevención y de rescate de las sobrevivientes, es fundamental la participación de las entidades y personas que, como Proyecto Matria, la Red de Albergues y otras, trabajan día y noche, los siete días de la semana, dando apoyo y servicios múltiples a estas mujeres y sus hijos e hijas.
También debe tomarse en cuenta, como apoyo, a varios de nuestros municipios, algunos de los cuales tienen proyectos de avanzada, que pueden servir de referentes sobre el tratamiento holístico del problema.
Demos un voto de confianza a la espera de que la firma de estos acuerdos para el intercambio de información sobre la peligrosidad y perfil del victimario, sobre las urgencias de las víctimas, sobre la canalización de las órdenes y la ayuda real a las querellantes, sea un paso verificable y con efectos inmediatos contra la degradante práctica de la violencia de género en el País.
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